El petróleo de Malvinas, un foco de conflicto.
Sea Lion proyecta alcanzar una producción máxima de 50.000 barriles diarios desde 2028. Navitas Petroleum, que controla el 65%, fue inhabilitada por Argentina y denunciada por Tierra del Fuego ante el regulador israelí.
El desarrollo hidrocarburífero en la Cuenca Norte de las Malvinas entró en una fase decisiva tras el anuncio oficial de la Decisión Final de Inversión (FID) el 10 de diciembre de 2025 por parte de las empresas operadoras.
El proyecto se centra en el yacimiento Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y cuenta con 319 millones de barriles de recursos certificados.
La estructura del proyecto está liderada por la empresa israelí Navitas Petroleum, con una participación del 65%, asociada con la británica Rockhopper Exploration, que posee el 35% restante.
La Fase 1 contempla la perforación de 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).
El objetivo anunciado por Navitas es alcanzar el "First Oil", es decir, la primera extracción de crudo, durante la primera mitad de 2028, con un pico de producción estimado en 50.000 barriles diarios.
En cuanto a la inversión, Rockhopper Exploration, informó un requerimiento de financiamiento de aproximadamente US$ 1.800 millones hasta el "First Oil".
De acuerdo con la información técnica publicada por el Journal of Petroleum Technology (JPT), esa cifra contempla el gasto de capital del proyecto, además de contingencias y costos de financiamiento asociados.
Finalmente, el costo proyectado para completar íntegramente la Fase 1 asciende a unos US$ 2.100 millones.
El desarrollo de Sea Lion podría incorporar una nueva fuente de ingresos a la economía de las islas, históricamente vinculada a la producción de lana y, desde finales de la década de 1980, a la venta de licencias de pesca.
El economista Matías Kulfas, estima que, durante los años de máxima producción, las exportaciones petroleras podrían generar una facturación cercana a los US$ 1.000 millones anuales. La proyección, presentada por el economista a partir del análisis de su consultora Audemus, toma como base los datos operativos de producción informados por Navitas Petroleum y los contrasta con distintos escenarios de precios internacionales del crudo.
El cálculo considera el pico de producción estimado por la compañía en 50.000 barriles diarios, equivalente a aproximadamente 18,25 millones de barriles anuales. Bajo un escenario de precios cercano a los U$S 55 por barril, la facturación bruta anual rondaría los US$ 1.000 millones.
La eventual incorporación de estos ingresos modificaría la escala de la economía de las islas y ampliaría los recursos fiscales disponibles para la administración local.
La administración isleña estableció para la explotación petrolera una regalía del 9% y un impuesto corporativo del 35%.
El avance del proyecto se produce en un área cuya soberanía es objeto de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido y sobre la cual el Estado argentino rechaza las actividades hidrocarburíferas realizadas sin su autorización.
A través de la Secretaría de Energía, Argentina declaró clandestinas e ilícitas las actividades desarrolladas por empresas que operan en la plataforma continental argentina sin los permisos correspondientes.
En abril de 2022, el Gobierno nacional resolvió inhabilitar a Navitas Petroleum por un período de 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino, en el marco de la Ley 26.659.
La controversia sumó un nuevo capítulo en mayo de 2026, cuando el Gobierno de Tierra del Fuego presentó una denuncia ante la Autoridad de Valores de Israel (ISA) vinculada con la información proporcionada por Navitas a sus inversores.
La presentación, impulsada por el secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, sostiene que la compañía no habría informado adecuadamente los riesgos jurídicos, diplomáticos y penales que, de acuerdo con la legislación argentina, implica desarrollar actividades hidrocarburíferas en el área sin autorización del Estado nacional.
Entre las normas mencionadas por la provincia se encuentra la Ley 26.915.
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