El relevamiento anual de TMF Group evalúa la carga regulatoria real en 81 países. Argentina subió dos puestos y se metió en el grupo de los peores diez.
Argentina escaló al noveno puesto entre las jurisdicciones más complejas del mundo para hacer negocios, según el Índice Global de Complejidad Corporativa 2026 (GBCI, por sus siglas en inglés), un ranking anual elaborado por TMF Group, firma internacional especializada en servicios administrativos y de cumplimiento normativo para empresas multinacionales. El país avanzó dos posiciones respecto del año anterior —cuando ocupaba el undécimo lugar— y se metió por primera vez en el grupo de los diez mercados más difíciles del planeta para las empresas extranjeras que quieran instalarse o expandirse.
El informe, que analiza 81 jurisdicciones representativas de más del 90% de la economía mundial, no mide el potencial de un mercado ni su atractivo macroeconómico en sentido amplio. Su foco es más específico y, en cierta forma, más revelador para quienes toman decisiones de inversión: evalúa la carga regulatoria concreta que enfrenta una empresa extranjera en su operación cotidiana dentro de cada país. Legislación laboral, obligaciones contables e impositivas, requisitos para constituir sociedades, trámites ante organismos públicos: todo aquello que, en la práctica, define si operar en un lugar es relativamente sencillo o un laberinto burocrático.
Para construir el ranking, TMF Group releva más de 292 indicadores por jurisdicción a partir de encuestas a sus propios expertos locales, presentes en 87 países. Los datos se agrupan en tres áreas: contabilidad e impuestos, nómina y recursos humanos, y gestión global de entidades. El resultado es una fotografía del entorno operativo real, no de las condiciones macroeconómicas generales ni del potencial de consumo de cada mercado.
Esta distinción es importante. Un país puede tener una economía grande y dinámica —y al mismo tiempo ser un lugar difícil para operar administrativamente. Brasil, por ejemplo, aparece en el tercer puesto de mayor complejidad pese a ser la principal economía de América Latina. México ocupa el segundo lugar. Grecia encabeza el ranking por tercer año consecutivo. En el extremo opuesto, las jurisdicciones menos complejas son, en su mayoría, centros financieros o países con marcos regulatorios muy aceitados: Islas Caimán (el menos complejo del mundo), Dinamarca y Jersey completan el podio de los más simples.
Para las empresas que evalúan dónde instalarse o cómo asignar recursos entre distintas filiales, este tipo de índices funciona como una herramienta de planificación: anticipar cuánto va a costar —en tiempo, dinero y expertise local— cumplir con las obligaciones legales en cada mercado.
El ascenso de Argentina en el ranking —recordar que aquí un número más alto implica mayor complejidad— responde a una combinación de factores que el informe describe con precisión. Las restricciones cambiarias siguen complicando las operaciones financieras cotidianas de las empresas extranjeras. Los cambios normativos imprevisibles obligan a revisar procesos constantemente, lo que eleva el riesgo operativo. Y la inestabilidad regulatoria —independientemente de la dirección política del gobierno de turno— genera un clima de incertidumbre que dificulta la planificación a mediano plazo.
El informe reconoce que el escenario podría mejorar. Señala que tras las elecciones legislativas de este año los responsables de política pública podrían flexibilizar algunos requisitos regulatorios, y que la caída de la inflación desde 2025 podría atraer nueva inversión. Pero también advierte que los controles cambiarios persistentes y los cambios imprevisibles en la normativa local continúan siendo obstáculos significativos.
Lo que el índice pone sobre la mesa, en definitiva, es que la complejidad argentina no es solo un problema de coyuntura económica sino también —y quizás sobre todo— un problema estructural de funcionamiento del Estado y de previsibilidad jurídica.
El caso argentino no ocurre en el vacío. El informe de TMF Group dibuja un panorama global en el que la complejidad regulatoria crece en casi todas las regiones, impulsada por varios fenómenos simultáneos.
Uno de los más relevantes es la digitalización fiscal, que avanza a un ritmo sostenido pero desparejo. En 2026, el 58% de las jurisdicciones exige que al menos algunas empresas emitan facturas fiscales en formato electrónico, contra el 38% que lo hacía en 2020. La tendencia es clara, pero su impacto es ambivalente: si bien a largo plazo simplifica procesos y mejora la transparencia, en el corto plazo obliga a las empresas a invertir en nuevas tecnologías y adaptar sus sistemas, lo que genera fricciones adicionales. "Una vez que digitalizamos nuestros procesos mediante la facturación electrónica, resulta más fácil obtener información valiosa sobre el negocio, agilizar los cobros y mejorar la relación tanto con proveedores como con clientes. Pero implementar estos sistemas exige un esfuerzo considerable y, sin duda, puede ser un proceso complejo", señala en el informe un experto de TMF en contabilidad e impuestos.
Otro factor que el índice destaca es el endurecimiento de las sanciones por incumplimiento fiscal. En 2026, el 36% de las jurisdicciones prevé penas de prisión para los responsables de cálculos impositivos incorrectos —el nivel más alto registrado desde que existe el índice—, y el 28% contempla la suspensión de matrículas profesionales. La tecnología, paradójicamente, es parte de la explicación: a medida que los sistemas de control fiscal se vuelven más sofisticados, los márgenes de error se reducen y las consecuencias de equivocarse se agravan.
Más allá de los aspectos impositivos y regulatorios, el informe identifica dos tendencias de fondo que están reconfigurando el mapa de la inversión global. La primera es la escasez de talento calificado: el 80% de las jurisdicciones reporta dificultades para atraer y retener profesionales. La competencia es especialmente intensa en Europa y algunas partes de Asia-Pacífico, aunque el informe advierte que Norteamérica registra el mayor crecimiento en la percepción de este problema.
La segunda tendencia es la inestabilidad geopolítica, que está llevando a muchas empresas a replantearse sus estructuras globales. El aumento del proteccionismo, los aranceles cruzados y la fragmentación regulatoria entre bloques están revirtiendo parte de los avances de la globalización de las últimas décadas. Según el relevamiento, las empresas responden a este contexto mediante la subcontratación (69%), la reducción de personal (59%), el cierre de oficinas en determinados países (55%) y la congelación de contrataciones (51%).
En ese contexto, varios mercados emergentes —entre ellos los latinoamericanos— aparecen como destinos de diversificación para empresas que buscan reducir su dependencia de Estados Unidos, favorecidos además por acuerdos comerciales recientes como el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. Pero esa oportunidad tiene una contracara: para aprovecharla, los países de la región deberían reducir precisamente el tipo de complejidad que el índice mide. Y en ese frente, Argentina, por ahora, sigue yendo en sentido contrario.
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Licenciado en Ciencia Política y Magister en Economía
