La reserva estratégica de Bitcoin que impulsa Bukele creció un 28% desde comienzos de 2025
La inversión de El Salvador alcanzó un total de 7.794 BTC, consolidándose como la primer y más fuerte reserva estratégica del criptoactivo en América Latina
El Salvador volvió a poner a Bitcoin en el centro de su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo aprobó las revisiones segunda y tercera del acuerdo firmado con el país y habilitó un desembolso inmediato de DEG 101,96 millones, equivalentes a aproximadamente U$S 138 millones —unos U$S 139 millones según el redondeo utilizado por distintos medios—.
Pero la aprobación llegó con una particularidad. El propio FMI reconoció que El Salvador incumplió algunos de los criterios de desempeño establecidos en el programa, entre ellos los relacionados con la acumulación de Bitcoin. Pese a ello, el Directorio concedió exenciones ante las medidas correctivas adoptadas y la renovación de los compromisos asumidos por el gobierno de Nayib Bukele.
“La participación del Estado en actividades relacionadas con el bitcoin se viene reduciendo, mientras que se mejora la normativa asociada", defendió Dan Katz, Primer Subdirector Gerente y Presidente interino del Directorio del FMI, en el comunicado, y advirtió: "No se espera mayor acumulación de bitcoins más allá de las donaciones documentadas. Se debe dar prioridad a mejorar la transparencia y la divulgación de información sobre tenencias de criptoactivos por el sector público, con una mejora de los marcos regulatorios, de supervisión y gobernanza para los proveedores de criptoactivos, lo que requerirá modificaciones a la Ley de Emisión de Activos Digitales”.
La decisión vuelve a exponer una tensión que atraviesa la estrategia salvadoreña desde hace años: mientras el FMI busca reducir la exposición del Estado a la criptomoneda, las tenencias de Bitcoin asociadas al país continuaron aumentando.
La apuesta comenzó en septiembre de 2021, cuando El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense. El experimento incluyó compras estatales de BTC, el lanzamiento de la billetera Chivo y distintos proyectos destinados a impulsar el uso de la criptomoneda en la economía.
Ese esquema cambió a comienzos de 2025, cuando el Congreso reformó la Ley Bitcoin como parte de los compromisos asumidos con el FMI. La modificación eliminó aspectos centrales de su condición original, la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado pasó a ser voluntaria, dejó de utilizarse para el pago de impuestos y el Estado dejó de estar obligado a garantizar su conversión automática a dólares.
Pero antes de ese giro, en noviembre de 2022, Bukele había puesto en marcha una estrategia mucho más audaz: sumar un Bitcoin por día, independientemente de las oscilaciones de su precio.
La lógica se asemeja a la estrategia conocida dentro del mundo financiero como Dollar Cost Averaging (DCA) que consiste en acumular un activo de manera periódica sin intentar anticipar si su cotización subirá o bajará.
Sin embargo, en el DCA tradicional se invierte periódicamente una cantidad fija de dinero, por lo que varía la cantidad del activo adquirido. En la estrategia anunciada por El Salvador ocurre justamente lo contrario. Se fija la cantidad en 1 BTC por día, mientras que cambia la cantidad de dólares necesaria para adquirirlo según el precio de Bitcoin en cada momento.
Para comienzos de 2025, la Agencia Administradora de Bitcoin del gobierno salvadoreño ya controlaba alrededor de 6.070 BTC, valuados entonces en aproximadamente U$S 600 millones.
Según los cálculos incluidos por el propio FMI en sus documentos del programa, esas tenencias equivalían a cerca del 2% del PBI del país.
La relación entre Bitcoin y las cuentas públicas salvadoreñas comenzó a cambiar con el acuerdo alcanzado con el FMI.
En febrero de 2025, el organismo aprobó un programa de 40 meses por aproximadamente U$S 1.400 millones para El Salvador. Como parte del acuerdo, el gobierno aceptó limitar la participación pública en actividades relacionadas con Bitcoin, hacer voluntaria su aceptación por parte del sector privado y establecer que los impuestos fueran pagados únicamente en dólares.
El programa incorporó además una condición particularmente relevante: la “no acumulación voluntaria de Bitcoin por parte del sector público”.
La definición del FMI es precisa. La acumulación voluntaria comprende tanto la compra como la minería de Bitcoin, aunque excluye activos obtenidos mediante decomisos, incautaciones u otras acciones derivadas de la aplicación de la ley.
El gobierno también comenzó a reducir su participación en la cripto billetera Chivo. Para septiembre de 2026, el FMI informó que la propiedad mayoritaria y el control operativo de la billetera habían sido transferidos a un operador privado, aunque el Estado conservaba una participación minoritaria y determinadas responsabilidades de custodia.
A pesar de las restricciones acordadas con el organismo internacional, las tenencias vinculadas con la reserva salvadoreña continuaron creciendo. El último registro disponible muestra 7.794 BTC, frente a los 6.070 BTC que el FMI contabilizaba a comienzos de 2025.
En septiembre, el FMI aseguró haber recibido documentación que verifica que la acumulación de Bitcoin posterior a la primera revisión del programa corresponde a donaciones privadas y que no se utilizaron recursos públicos para esas incorporaciones.
Esto introduce una distinción importante: que la reserva continúe creciendo no significa necesariamente que el Estado salvadoreño siga comprando Bitcoin con fondos públicos.
Y despierta una pregunta mucho más inquietante, ¿quién estaría donando los Bitcoin?
En sus comunicaciones, el FMI habla de donaciones privadas documentadas y afirma que pudo verificar que no se utilizaron recursos públicos. Pero los documentos publicados por el organismo no identifican a las personas, empresas u organizaciones responsables de esas transferencias.
La cuestión adquiere relevancia porque el crecimiento de las tenencias es considerable. Tomando como referencia los 7.794 BTC registrados actualmente, El Salvador posee más de 1.700 BTC adicionales respecto de los 6.070 que contabilizaba el FMI a comienzos de 2025, lo que representa un crecimiento superior al 28%.
Así, cinco años después de convertir a Bitcoin en moneda de curso legal y casi cuatro años después de lanzar su estrategia de acumulación diaria, El Salvador conserva una de las apuestas estatales por Bitcoin más relevantes del mundo y consolida la reserva estratégica del criptoactivo más fuerte de América Latina.
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Analista internacional, experto en geopolítica. Abogado y filósofo
