Estados Unidos ya prohíbe la adquisición de baterías chinas en ciertas agencias, Europa despierta, pero en España la inercia renovable y el silencio político sostienen un statu quo que costará caro.
En meses recientes, técnicos estadounidenses descubrieron dispositivos de comunicación no documentados escondidos dentro de inversores solares y baterías de origen chino, instalados en infraestructuras críticas de energía. Estos aparatos, cuya función oficial es convertir la corriente de paneles solares en electricidad apta para la red, incluyen radios celulares capaces de eludir la ciberseguridad y permitir accesos remotos no autorizados. La amenaza es concreta: estos equipos pueden manipularse para apagar sectores enteros del sistema eléctrico con un simple comando a distancia. En Europa, y especialmente en España, donde el entusiasmo por las energías renovables se convirtió casi en religión de Estado, el peligro es más real que nunca.
España lidera en penetración solar. La dependencia de componentes chinos es alta, y los inversores solares, columna vertebral de toda instalación, provienen de fabricantes como Huawei, Sungrow o Solis. Pero mientras otros países como Lituania, Estonia, Reino Unido o incluso Estados Unidos revisan, limitan o prohiben el uso de estos equipos, en España no se tomó una medida concreta. Ni una auditoría, ni una declaración oficial, ni siquiera un debate público de relevancia. El tema existe, se sabe, se menciona en medios especializados, pero no se actúa.
Este silencio no es casual. España atraviesa una situación política compleja, gobernada por una coalición que incluye a partidos con simpatías abiertas o implícitas hacia China. La ideología nubla el juicio estratégico. Estos partidos actúan, consciente o inconscientemente, como una pantalla que protege a Pekín de cualquier crítica real o acción concreta. Mientras tanto, los equipos chinos se multiplican, las instalaciones aumentan y la vulnerabilidad se profundiza.
Hace poco, España vivió un gran apagón que dejó a amplias zonas del país sin luz durante horas. Si bien ese incidente no se vinculó a un sabotaje, la sola posibilidad de que una próxima falla eléctrica sea activada desde un servidor a miles de kilómetros debería encender todas las alarmas. No se trata de paranoia, se trata de prudencia.
El caso de la central solar de Mula, en Murcia, adquirida por la empresa estatal China Three Gorges, es otro ejemplo del avance sigiloso pero firme de China sobre los activos estratégicos europeos. Primero fueron las infraestructuras, luego los puertos, después las grúas automatizadas en Alemania, y ahora, silenciosamente, los inversores solares que habitan nuestros tejados y campos. Es el estilo chino: no confrontar, sino infiltrar. No declarar, sino comprar.
Mientras tanto, en Estados Unidos ya se prohíbe la adquisición de baterías chinas en ciertas agencias y se debate el uso de componentes críticos. Europa despierta, pero en España la inercia renovable y el silencio político sostienen un statu quo que costará caro. La obsesión por lo verde, legítima en muchos aspectos, cegó la atención a lo esencial: quién controla los interruptores. Porque quizás el próximo apagón no sea casual. Y tampoco sea reparable.
Las cosas como son
Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.