Una encuesta a 475 hombres de negocios muestra apoyo mayoritario a las propuestas en debate legislativo, pero alerta sobre la crisis de financiamiento.
Mientras el Congreso debate la reforma laboral y el Presupuesto 2026, una encuesta a 475 tomadores de decisión empresarial mostró que el 66,2% respalda ampliar causales de despido y simplificar trámites, el 58,2% apoya jornadas laborales superiores a 8 horas con acuerdo del trabajador y el 64,3% está a favor de una reforma tributaria que simplifique el sistema y reduzca cargas.
El relevamiento, realizado por la consultora Rubikon Intel entre el 6 y 9 de diciembre, reveló un respaldo significativo del empresariado a la agenda de reformas impulsada por Javier Milei, pero también expuso una advertencia central: el 57,7% no accedió a ningún tipo de crédito en los últimos 12 meses y el 73,8% describe el acceso al financiamiento como difícil o muy difícil, una restricción que amenaza con frenar cualquier intento de reactivación económica.
El estudio, que incluyó a propietarios, directivos y gerentes de empresas de todos los tamaños y sectores, detectó consensos importantes en las propuestas que el Gobierno envió o planea enviar al Congreso. El 57% de los empresarios apoyó las negociaciones colectivas por empresa, una de las banderas de la reforma laboral en debate, y el 51,4% respaldó la posibilidad de pagar indemnizaciones por despido en cuotas para micro y pymes. La reforma previsional, aunque más divisiva, obtuvo el 54,1% de adhesión, mientras que el ajuste de aumentos salariales a la productividad alcanzó el 53,1% de respaldo.
En cuanto a las prioridades para la reforma del Estado, el 42,2% de los empresarios ubicó la reducción del gasto público y el número de ministerios en primer lugar, seguida por la simplificación tributaria (36,6%) y la reducción del empleo público (36,4%). La mejora de la eficiencia y digitalización de la administración pública fue mencionada por el 20,3%, mientras que solo el 14,2% priorizó la disminución de subsidios a energía y transporte y el 11,9% la privatización de empresas públicas.
El respaldo empresarial a las reformas contrasta con una realidad operativa marcada por el estrés financiero. El relevamiento identificó que el 74% de las empresas observó un aumento en los atrasos de pago o cheques rechazados de clientes o proveedores en el último año. De ese total, el 17,7% calificó el incremento como "significativo" y el 35,9% como "moderado". La morosidad escaló al punto de que el 33,8% reportó un aumento de cuentas incobrables como el principal impacto en sus negocios, seguido por la caída de ventas por falta de financiamiento de los clientes (29,1%) y el incremento de costos financieros (27%).
La situación crediticia se agrava cuando se analiza el endurecimiento de las condiciones bancarias: el 58% de los empresarios afirma que las entidades financieras restringieron el otorgamiento de créditos a partir del aumento de la morosidad. Solo el 16,8% accedió a banca privada, el 12,1% a banca pública y apenas el 8,9% a programas estatales. Las fintech y proveedores no tradicionales captaron el 5,4% de la demanda, pero la gran mayoría quedó sin respuesta del sistema financiero.
Consultados sobre qué medidas son necesarias para contener la mora y reactivar el crédito, el 40,3% de los empresarios priorizó programas de alivio fiscal y subsidios a las tasas de interés, mientras que el 35,9% reclamó planes de refinanciación y reestructuración de deudas. Las líneas de crédito con garantía estatal, como FONDEP o FOGAR, fueron mencionadas por el 26,1%.
Pese a este panorama, el 49,7% de las empresas proyecta aumentar sus inversiones en los próximos 12 meses, aunque el dato encierra una contradicción: sin crédito disponible y con demanda interna débil —identificada por el 21,9% como uno de los principales obstáculos—, la expansión dependerá exclusivamente de caja propia o reinversión de utilidades. El 30,3% planea mantener los niveles actuales de inversión y solo el 14,4% anticipa reducciones. En materia de empleo, las expectativas son más conservadoras: el 45% espera mantener la plantilla actual en los próximos 12 meses, el 27,3% prevé incorporar más personal y el 19,6% anticipa recortes.
La volatilidad de las tasas de interés sumó incertidumbre: el 50,1% señaló que esta variable afectó "mucho" sus decisiones de inversión o financiamiento en los últimos meses, y solo el 7,9% dijo que no tuvo impacto. Los empresarios identificaron a la carga impositiva elevada (37,5%), el exceso de regulaciones y burocracia (34,7%) y la inflación y volatilidad de precios (26,6%) como los principales obstáculos de crecimiento para sus sectores.
A dos años de gestión, el 55% de los empresarios calificó con 7 puntos o más al Gobierno nacional, pero el promedio general se ubicó en 5,5 sobre 10. El 16,8% puso la nota mínima, y solo el 12,6% calificó con 10. En cuanto al desempeño respecto de las expectativas al inicio del mandato, el 33,6% dijo que fue "mejor de lo esperado", el 33,6% "igual que esperado" y el 32,9% "peor de lo esperado", una división casi perfecta en tercios.
La relación entre el Ejecutivo y el empresariado fue calificada como "buena" por el 33,3%, "regular" por el 31,5%, "muy buena" por el 21%, "mala" por el 14,2% y "muy mala" por el 5,8%. Si se suman las categorías negativas, el 64,8% describe la relación como regular o peor, lo que sugiere que el respaldo ideológico a las reformas no se traduce en una vinculación fluida entre el oficialismo y el sector privado.
El estudio también midió la confianza en instituciones clave: el Gobierno nacional promedió 5,5 puntos sobre 10, el Banco Central 4,7, el Congreso 3,7, el Poder Judicial 3,1 y los sindicatos 2,5. Los datos sugieren una desconfianza estructural hacia las instituciones que deben garantizar la implementación de las reformas.
Consultados sobre si notaron mejoras en tiempos y costos de trámites desde la implementación de reformas de desregulación, solo el 7% respondió "muchas", el 49,9% dijo "algunas", el 28,2% "pocas" y el 14,9% "ninguna". La carga tributaria sigue siendo percibida como muy alta o alta por el 62% de los empresarios, y la burocracia en habilitaciones y permisos continúa siendo muy alta o alta para el 56,6%.
Sobre las prioridades para los próximos dos años, el 35,9% de los empresarios ubicó la simplificación tributaria en primer lugar, seguida por la reforma previsional (35,4%), la reducción del gasto público (34,3%) y la inversión en infraestructura (31,5%). La estabilidad del tipo de cambio fue prioridad para el 25,6%, y la apertura comercial y acuerdos internacionales para el 23,3%.
La Secretaria General y el asesor presidencial evitaron enfrentarse por los lugares que abrieron en la gestión de La Libertad Avanza. Objetivo Congreso.
Evalúan un incremento del 100% para recuperar parte de lo perdido contra una inflación que fue del 249% en el período.
Historiador
