Los números no dejan dudas, las declaraciones de los funcionarios tampoco. La recuperación de los salarios no son parte de los objetivos del Gobierno que encabeza Javier Milei, por lo menos en esta primera etapa. El dato del indec es elocuente: el salario cayó 18 puntos en el último año. Las ordenes del ministro de Economía, Luis Caputo, también: no homologar paritarias superiores al 9%. En ese marco, los conflictos laborales se multiplican.
Los mantras que le ponen el corsé a la gestión libertaria son dos: achicar el Estado para agrandar la Nación y bajar sueldos para bajar la inflación. Las fórmulas no son novedosas para la Argentina. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, y Fondo Monetario Internacional advierten sobre sus consecuencias. Pero por ahora, el rumbo del gobierno sigue firme.
En el horizonte se multiplican las protestas y los conflictos laborales. La CGT debate dentro de su propia grieta un plan de acción para torcer el rumbo del destino planificado para los trabajadores por parte del Gobierno. Milei, no escucha y sigue. Con encuestas propias que sostienen que un 48% de los argentinos los volvería a votar no ve razones para modificar los trazos de la gestión. Para el presidente el límite del ajuste lo marcarán las encuestas.
En ese contexto, con el visto bueno del presidente, Caputo dio la orden para que no se homologue durante el mes de abril ninguna paritaria por encima del 9%. La directiva del ministro de Economía fue para Julio Cordero, el secretario de Trabajo, que cumple ordenes sin chistar, en silencio y lejos de los micrófonos.
En el marco de la intransigencia y bajo la lógica de que el aumento de salarios detendría la tendencia a la baja de la inflación, el Gobierno está dispuesto a soportar las medidas de fuerza que sean necesarias. En este caso, los números todavía le dan la razón. El oficialismo juega con la mala imagen del sindicalismo y entiende que, por ahora, los conflictos laborales que se suceden a gran velocidad no dañan la imagen de la gestión.
Por eso no hay apuro en la Casa Rosada por resolver ni el conflicto con Camioneros ni el conflicto con la UTA.
Por caso, hasta la última hora del domingo los empresarios del transporte intentaron que los funcionarios les atiendan el teléfono para generar una reunión que incluya a los gremios y permita evitar una nueva medida de fuerza que dejará, si se lleva a cabo, sin transporte a casi 3 millones de personas. Los esfuerzos fueron infructuosos. No hubo respuesta por parte del oficialismo ni habrá reunión en la secretaria de Trabajo.
La UTA y los empresarios tendrán su reunión. Sin muchas expectativas. El paro parece inminente. El Estado está presente para pisar la paritaria, pero no para destrabar el conflicto. No es un Estado ausente, es un Estados selectivo.
Algo parecido pasa con Camionero. El gremio que conducen los Moyano tienen un acuerdo firmado con las Cámaras del sector. El gobierno no homologa. Pablo Moyano ya hizo pública su amenaza de un paro nacional. Por ahora el Gobierno nacional no reacciona. El jueves el sindicato definirá si va al paro.
Un poco más allá de todo está la CGT. Con su interna a cuestas deberá definir esta semana cuál será su rol en los próximos meses con salarios a la baja y con la reforma laboral a punto de ser enviada al Congreso. La reunión de Consejo Directivo podría llevarse a cabo esta semana y definir el plan de acción. A esta hora, una movilización el 1 de mayo, día del trabajador, parece ser la opción más factible, pero nadie se anima a descartar un nuevo paro general.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
