Los presidentes Pedro Sánchez y Lula Da Siulva, en el cierra de la Cumbre de Líderes Progresistas de Barcelona.
Brasil e Israel abrieron un tramo electoral decisivo que continuará en Estados Unidos y España. Entre controversias judiciales, polarización y alianzas inciertas, los resultados ponen a prueba a los gobiernos y a las instituciones que deben garantizar la competencia.
Comenzó el sprint final del calendario electoral de este año, con cuatro citas que serán claves para lo que viene. Brasil e Israel ya votaron; el próximo martes, 3 de noviembre, será el turno de Estados Unidos y el 29, el de España.
Cuatro elecciones en cuatro regiones diferentes, en países cuyo peso trasciende sus fronteras. En Estados Unidos, aunque no se elige presidente, la disputa por el control del Congreso tendrá consecuencias en todo el mundo. También se ponen a prueba gobiernos de distinto signo.
La izquierda consiguió revalidar su continuidad en Brasil y deberá disputarla en España.
En Israel, todavía está por definirse si Netanyahu podrá conservar el poder. En Estados Unidos, los republicanos arriesgan su mayoría en ambas cámaras.
El capítulo brasileño estuvo atravesado por la polémica. Una elección no se limita al momento del voto y del escrutinio: también importa cómo se llega a ella. La intervención judicial y su incidencia en la competencia fueron parte de un proceso cuya calidad institucional merece discutirse.
En una sociedad tan polarizada política, ideológica y regionalmente, donde más de 128 millones de votantes definieron una elección por un margen muy estrecho, el Estado y el gobierno tienen una responsabilidad especial: garantizar la confianza en el sistema.
Cristiano Zanin, exabogado de Lula y nombrado por él como juez del Supremo, prorrogó dos horas la votación a pedido del oficialismo, que alegó problemas de transporte. La medida se difundió cuando el escrutinio ya había comenzado y luego quedó limitada a las mesas que seguían abiertas.
Pero la orden extemporánea de retirarle el pasaporte al candidato recién derrotado y su posterior fuga terminaron de echar sombras sobre la imparcialidad de las instituciones judiciales.
En ese terreno, la Corte Suprema y el gobierno de Lula fallaron estrepitosamente.
Mientras tanto, gobiernos y organizaciones internacionales se apresuraron a reconocer la victoria de Lula. A nadie le conviene un Brasil inestable y con una disputa electoral sin resolver. Pero esa necesidad de estabilidad no despeja los cuestionamientos a sus autoridades ni permite reducir el problema a si hubo o no fraude en el recuento.
La ciencia política utiliza la expresión “cancha inclinada” para describir elecciones en las que existe una disputa real por el poder, pero el oficialismo disfruta de ventajas que comprometen la igualdad de condiciones.
El uso partidario de los recursos estatales, las restricciones selectivas a los adversarios o la aplicación discrecional de las reglas pueden distorsionar una elección sin necesidad de alterar una sola urna.
El argumento de que enfrente estaba la ultraderecha y existía una obligación moral de derrotarla no alcanza para llevar a las instituciones a un límite tan peligroso. La convicción de representar al bien no concede el derecho a disponer de las reglas.
Ciertamente, la derecha latinoamericana también tendrá que revisar, una vez más, su relación con las formas. La estética rupturista puede movilizar electoralmente, pero difícilmente alcance para sostener el apoyo de los votantes y gestionar el Estado eficientemente.
El desafío consiste en radicalizar las ideas sin radicalizar tanto las formas. Sobre todo, en sociedades donde los procedimientos permiten procesar conflictos políticos que, de otro modo, podrían desbordar las instituciones y derivar en violencia.
Desde lejos, Israel suele parecer un país sencillo de explicar. Para algunos, todo lo que ocurre responde a las decisiones de Benjamín Netanyahu. Para otros, todo debería conducir a su desaparición política.
Las elecciones volvieron a desordenar esas certezas.
Paradójicamente, fue en Israel, gobernado por una alianza de derechas, ultraconservadores y partidos religiosos, donde las elecciones transcurrieron sin controversias por intervenciones del poder estatal como las que ensombrecieron los comicios brasileños.
El protagonismo de los partidos árabes, que ahora podrían influir en la formación del gobierno, y las imágenes de mujeres con velo votando ofrecieron una postal de diversidad que, sin haber sido planificada, se convirtió en uno de los mejores recursos de poder blando de Israel de los últimos años.
Allí, además, la polarización no pasaba principalmente por la ideología: el rival de Netanyahu era Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor y uno de los artífices de la doctrina Dahiya, que propone responder a los ataques con una fuerza abrumadora y destrucción de infraestructura para disuadir al enemigo.
El actual primer ministro conserva un apoyo que sus adversarios a veces subestiman. Sin embargo, en un sistema parlamentario, salir primero no garantiza seguir gobernando. La diferencia importa porque buena parte de la discusión internacional sobre Israel se organiza alrededor de deseos.
Quienes esperaban que las urnas liquidaran al primer ministro encontraron una sociedad bastante más compleja. Netanyahu conserva una base resistente, pero enfrenta los límites de su coalición. Sus adversarios, mientras tanto, necesitan algo más que el deseo de reemplazarlo.
Hay razones para defender a Israel que exceden ampliamente la suerte de su primer ministro. Una de ellas es que sus ciudadanos siguen disputando el poder mediante elecciones competitivas, incluso después de años de violencia y conmoción.
Para una parte del electorado, rechazar aspectos centrales de la gestión de Netanyahu y votarlo pueden ser decisiones compatibles. Comprenderlo supone reconocer que vivir bajo amenaza permanente lleva a tomar decisiones que no siempre coinciden con las expectativas de quienes observan el conflicto desde una distancia confortable.
Ya pasaron dos de las cuatro elecciones. Los resultados abren incertidumbres, obligan a negociar y desordenan las previsiones. Esa incomodidad también es una virtud de la democracia: el poder se disputa. China, Rusia y Cuba, entre muchos otros, no tienen esos problemas.
Para muchos teóricos, especialistas, periodistas y políticos actuales, izquierda y derecha son categorías agotadas, que perdieron la capacidad de definir, agrupar, anticipar comportamientos y movilizar que tuvieron en el siglo XX.
Sin embargo, a juzgar por lo ocurrido en Brasil e Israel, siguen siendo espacios desde los cuales diversas identidades sociales se reconocen y organizan. Sus contenidos cambian, pero conservan una fuerza simbólica que todavía no ha encontrado un reemplazo pleno.
El desafío democrático sigue siendo el mismo de hace décadas: que ni la izquierda ni la derecha confundan la certeza de tener razón con el derecho a torcer las reglas.
El presidente de EEUU anunció en la Casa Blanca que el empresario Elon Musk repuso el servicio de su empresa de internet satelital, Starlink, clave para el funcionamiento de los drones ucranianos en la prolongada guerra con Rusia.
El presidente español felicitó al mandatario brasileño tras derrotar a Flávio Bolsonaro y consolidar un histórico cuarto mandato presidencial. E intenta capitalizar el resultado para su propia campaña. Ursula von der Leyen también celebró la victoria de Lula, auspiciosa para el acuerdo UE-Mercosur.
El secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, anunció que espera a varios presidentes en la Cumbre de Madrid el 4 y 5 de noviembre. Javier Milei estará presente, pero Lula desistió. Expectativa por el cruce del argentino con Pedro Sánchez. La confrontación ideológica divide a la región entre izquierda y derecha.
Director de El Observador España
Acuerdo técnico. El staff aprobó la revisión y habilitó un desembolso de U$S 900 millones sujeto a la votación del directorio en diciembre.
Flexibilidad laboral. Reclamó avanzar con reformas de contratación privada para traducir la estabilización en puestos de trabajo genuinos.
Crédito e inversiones. El plan acordado prioriza reactivar los créditos hipotecarios, las concesiones viales y los proyectos bajo el RIGI.
Ancla fiscal. El Gobierno se comprometió a sostener un superávit primario del 1,4% del PBI tanto en 2026 como en 2027.
Advertencia monetaria. El organismo exigió prudencia en la expansión del crédito, reforzar las reservas netas y sostener la desinflación.
