Son por orden del fiscal federal Franco Picardi, en el marco de una causa que apunta a graves irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La Justicia federal lleva adelante un ambicioso operativo con 25 allanamientos simultáneos -entre droguerías y domicilios particulares- por orden del fiscal federal Franco Picardi, en el marco de una causa que apunta a graves irregularidades en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Tal como lo consigna la revista Quorum, los nuevos procedimientos se dispusieron porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la Agencia de Discapacidad, explicaron fuentes judiciales.
El fiscal Franco Picardi investiga un supuesto sobrecosto o direccionamiento en los procesos de adquisición de medicamentos destinados a personas con discapacidad. En principio, el objetivo es determinar:
Estas sospechas surgieron tras filtraciones y denuncias que implican pagos de coimas con relación directa al mecanismo de provisión de medicamentos para beneficiarios del programa Incluir Salud.
La causa fue radicada en el Juzgado Federal a cargo del juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Picardi. En un primer momento, se dictó secreto de sumario, medida que fue levantada permitiendo a las partes acceder a las pruebas recolectadas, y volvió a ser reimplantada este jueves.
Una parte central del expediente consiste en la pericia de los audios que sirvieron de disparador a la investigación, para verificar la identidad de las voces y descartar posibles manipulaciones.
La causa aún está en etapa de recolección y análisis de pruebas. Quienes están involucrados -funcionarios, ex funcionarios y representantes de la droguería- podrían convertirse en imputados en las próximas semanas.
Esta investigación tiene especial relevancia porque toca un aspecto sensible de las políticas públicas: el acceso a medicamentos para personas con discapacidad. Si se confirman las irregularidades, no sólo estaría en juego el perjuicio económico al Estado, sino también el derecho a la salud de un grupo vulnerable.
Además, el caso tiene gran impacto político, dado que algunas voces apuntan a posibles nexos entre el proveedor implicado y figuras con vínculos con el poder.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
