La decisión del Gobierno de no homologar paritarias por encima del 1% no sólo dinamitó la posibilidad de sellar la paz social con una foto de la CGT en la Casa Rosada, sino que también puso en píe de guerra al sindicato a Camioneros que ya hizo público su ultimátum: si hay techo paritario, habrá paro.
En ese marco de la tensión crece desde la secretaria de Trabajo. Y aumenta en a cada encuentro entre la Cámaras empresarias y el sindicato que conduce Hugo Moyano. Si bien las patronales se mostraron flexibles a avanzar en un entendimiento con el gremio, el principal obstáculo es el techo impuesto por Luis “Toto” Caputo para negociar salarios. Por lo menos así lo entienden los Moyano.
El sindicato abrió la ronda de negociaciones con el reclamo de un aumento del 15% en tres tramos para el trimestre diciembre- febrero y bono de fin de año de $650 mil. En la primera reunión la propuesta de los empresarios estuvo lejos, pero en el segundo encuentro la oferta fue de 8,5% en tres tramos más un bono cercano a $600 mil. En ese marco, si bien el acuerdo estaba lejos, la negociación parecía encaminada. Sin embrago, desde la secretaria de Trabajo dinamitaron los puentes porque el acuerdo en marcha ya excedía el 1% mensual que busca fijar Caputo.
Si bien en términos formales la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves a las 10, las cartas no se jugarán en la secretaria de Trabajo, sino en el ministerio de Economía. Ante ese escenario, y con la certeza de que no habrá cambios en la pauta salarial fijada por Caputo, desde el gremio de Camioneros comienzan a activar los resortes para, en caso de no haber acuerdo, llevar adelante un paro sector en medio de las fiestas de fin de año.
“Si la pauta salarial está por encima de la inflación eso se traslada a precios”, explican en los pasillos del ministerio de Economía ante las consultas de El Observador. Responden en riguroso off the record. En On las paritarias son libres y sin techo.
De la reunión que se llevó a cabo en la secretaria de Trabajo no participaron los Moyano. La voz del gremio la llevó su secretario adjunto, Jorge Taboada, que una vez finalizado el encuentro señaló: “el ofrecimiento es irrisorio”. Y en ese marco anunció una reunión en la Federación de Camioneros para “tomar las decisiones que se tengan que tomar”.
En ese marco, más allá que las partes se volverán a ver las caras el próximo jueves, los contactos informales entre los sectores empresarios y el gobierno están activos. Es que la preocupación del Gobierno pasa principalmente por la oferta de las patronales y consolidar el techo paritario.
El telón de fondo es la paz social que el Gobierno consiguió pese al ajuste que llevo adelante durante todo el año. Los conflictos gremiales que encabeza Camioneros, pero que también tienen como protagonistas a la UTA, Sanidad y La Fraternidad, ya dinamitaron la foto con la CGT en Casa Rosada, pero ahora también amenazan la paz social.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
