Denuncian a la jueza Sandra Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura por la detención de militantes políticos

Este viernes los consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación Mariano Recalde y Vanesa Siley presentaron una denuncia por mal desempeño contra la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Los legisladores cuestionan su responsabilidad en la detención calificada como “ilegal y arbitraria” de cinco militantes políticos.

Según informó la revista Quorum, los legisladores acusan a la magistrada de haber ordenado el arresto por el ataque con excremento a la casa de José Luis Espert de Alesia Abaigar, Eva Mieri, Iván Díaz Bianchi, Aldana Muzzio y Candelaria Montes -en su mayoría mujeres y militantes peronistas- quienes permanecieron incomunicadas y alojadas en una cárcel de máxima seguridad. Según el escrito, el motivo de las detenciones fue un hecho que, en el peor de los casos, podría configurarse apenas como una contravención municipal.

Cabe mencionar que Abaigar era funcionaria del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Mieri es concejal de Quilmes y presidenta del bloque del Partido Justicialista en el Concejo Deliberante de ese municipio; y Muzzio es empleada del PAMI.

Para los consejeros, se trata de un claro acto de persecución política que violó garantías constitucionales básicas. Señalan que las acciones realizadas por las personas detenidas fueron simbólicas, sin violencia ni afectación a bienes o personas, y sin embargo derivaron en medidas de privación de libertad absolutamente desproporcionadas.

Contexto político e institucional

El Consejo de la Magistratura de la Nación es el órgano encargado de seleccionar y evaluar a los jueces federales y nacionales, así como de investigar y eventualmente promover el juicio político de los magistrados por mal desempeño. Una denuncia por este tenor podría, si prospera, terminar en un proceso disciplinario y eventualmente en la remoción de la jueza.

Sandra Arroyo Salgado es jueza federal del Juzgado de San Isidro desde hace más de una década y ha estado al frente de causas de alto impacto público, incluidas investigaciones sobre narcotráfico y corrupción. Es además ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman, lo que la ha mantenido con alta exposición mediática desde 2015.

Esta denuncia se da en un contexto político especialmente tenso, con fuertes cruces entre el oficialismo y sectores del Poder Judicial, en medio de debates sobre la independencia judicial y las garantías para la protesta y la participación política.

Qué motivó las detenciones

El episodio tuvo lugar el 17 de junio, alrededor de las 19, en San Isidro. Ese día, cinco personas encapuchadas arribaron a la vivienda del legislador a bordo de dos vehículos: un Renault Clio gris y una camioneta Chevrolet S10. Todo el desplazamiento quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales.

La secuencia comenzó a las 18.30 en la esquina de Avenida Centenario y Tomkinson, donde ambos rodados fueron captados circulando en tándem. En la caja de la camioneta, según detectaron los investigadores al analizar el material fílmico, se distinguían bolsas cargadas con estiércol animal, que más tarde serían utilizadas para arrojar sobre el ingreso al domicilio del diputado.

El grupo dejó además un pasacalle intimidatorio con la leyenda: “Acá vive la mier… de Espert”. Luego, los vehículos continuaron su trayecto por Centenario y Florencio Varela, atravesaron el túnel de la zona y volvieron a ser filmados en Libertador y 33 Orientales. Otras cámaras ubicadas en Primera Junta y 25 de Mayo permitieron identificar la patente de la camioneta, mientras que en Tomkinson y Avenida Rolón se observó al Clio detenido junto a una moto, con personas dentro.

Un dato clave que advirtieron los peritos fue que ambos vehículos circulaban con patentes adulteradas, lo que refuerza la hipótesis de una acción planificada. La investigación sigue en curso bajo secreto de sumario.

Claves de la denuncia contra Arroyo Salgado

¿Quiénes denuncian?

Mariano Recalde (senador) y Vanesa Siley (diputada), ambos consejeros del Consejo de la Magistratura.

¿A quién denuncian?

A la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal de San Isidro N°1.

¿Por qué la denuncian?

Por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, a raíz de detenciones arbitrarias, desproporcionadas e injustificadas que afectaron derechos fundamentales.

¿Qué hechos motivaron la denuncia?

• La jueza ordenó allanamientos, detenciones e incomunicación de siete personas (cinco siguen detenidas) por la colocación de un pasacalle crítico y bolsas con excremento frente a la casa del diputado José Luis Espert.
• No hay pruebas que vinculen a las personas detenidas con el hecho; incluso la magistrada, al ser consultada, no pudo precisar la imputación concreta.
• A Alesia Abaigar (una de las detenidas) la trasladaron al penal de Ezeiza, sin dictar prisión preventiva ni auto de mérito, pese a que padece una enfermedad autoinmune severa.
• Organismos como la Procuración Penitenciaria y el CELS intervinieron alertando por el riesgo para su salud.

¿Por qué consideran que hay persecución política?

• La mayoría de las personas detenidas son mujeres, militantes peronistas o críticas del Gobierno nacional.
• La ministra Patricia Bullrich y el diputado Espert difundieron detalles de la causa antes que las defensas, lo que evidencia una posible coordinación político-judicial.
• Se denuncia el uso del aparato judicial para intimidar opositores.

¿Qué irregularidades señalan?

• Abuso de poder y arbitrariedad: detenciones sin pruebas ni imputación clara.
• Desproporción: se usó el derecho penal para hechos que como máximo serían contravenciones municipales (colocar pasacalles y arrojar materia orgánica).
• Violación de derechos y garantías: privación de libertad sin justificación, sin acceso pleno a la defensa, afectación del derecho a manifestarse y a expresarse.

¿Qué pide la denuncia?

Que eventualmente abra el procedimiento para su remoción.

Que el Consejo de la Magistratura investigue de inmediato el mal desempeño de la jueza, por desconocimiento inexcusable del derecho, arbitrariedad y violación de garantías.