Diego Santilli ya tiene el cronograma de "rosca" con los gobernadores por la reforma laboral
El ministro del Interior verá a 10 mandatarios provinciales durante enero. La primera será el miércoles con Ignacio Torres en Chubut. El pedido de Javier Milei.
La apuesta de la Casa Rosada es clara: si el Presupuesto dejó heridas por la falta de acuerdos, la reforma laboral necesita un camino más aceitado, con menos sorpresas. En el Gobierno creen que el error de la última negociación fue confiar demasiado en la aritmética parlamentaria y poco en el trabajo previo con los gobernadores.
Diego Santilli busca acordar la reforma laboral con los gobernadores
Por eso Santilli sale a “poner el cuerpo” en un mes incómodo para la política: enero, cuando los despachos se vacían y los mandatarios provinciales se refugian en agendas de gestión. La lectura en Balcarce 50 es que ese calendario, lejos de ser un problema, puede ser una ventaja: reuniones más discretas, conversaciones más largas y la chance de construir compromisos antes de que el tema estalle en la agenda pública.
La primera escala, Chubut, está pensada como gesto y como ensayo general. Torres es, para el oficialismo, un interlocutor con el que se puede discutir sin romper. También es una provincia que la Casa Rosada mira con atención por el peso político que construyó el gobernador en el mapa patagónico y por el mensaje que puede enviar el arranque de la gira: empezar por un aliado potencial, ordenar la foto y usar esa señal para el resto del recorrido. La visita del miércoles ya está en agenda.
Diego Santilli ya tiene el cronograma de "rosca" con los gobernadores por la reforma laboral.
Los 10 gobernadores con lo que quiere negociar la Casa Rosada y la figura difícil
Después aparece el listado de gobernadores que Santilli quiere ver sí o sí: Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). En el oficialismo sostienen que ahí está el corazón de la negociación: provincias con vínculos políticos diversos, pero con un punto en común, capacidad de incidir en el Senado y margen para negociar sin quedar pegados a la polarización más dura.
La hoja de ruta, además, tiene un capítulo todavía abierto. Entre los tres nombres que aún no están confirmados, en Interior dan por probable que se sumen Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El nombre “difícil”, el que en la Casa Rosada admiten que van a intentar aunque sin garantías, es el santafesino Maximiliano Pullaro. No solo por la lógica de su propia interna provincial sino porque, para el Gobierno, Santa Fe se volvió un tablero sensible: todo lo que pase ahí se lee en clave de gobernabilidad y de relación con el resto de los gobernadores no peronistas.
Javier Milei acepta negociar la reforma laboral pero quiere aprobarla en febrero
La decisión de mandar a Santilli al interior no nació de la nada. Según reconstruyen en el oficialismo, la gira quedó planificada una vez encaminado el Presupuesto, por un pedido explícito de Javier Milei: hacer “todos los esfuerzos necesarios” para que el Congreso haga lo propio con la reforma laboral. El Presidente quiere mostrar continuidad, no solo con el programa económico sino con el paquete político que lo sostiene. Y la reforma laboral, por el simbolismo y por el impacto real, funciona como test de autoridad.
Diego Santilli ya tiene el cronograma de "rosca" con los gobernadores por la reforma laboral.
En ese punto aparece la otra admisión, la que en el Gobierno ya no intentan disimular: habrá cambios en el texto. No se trata de resignar el corazón de la iniciativa, sino de aceptar que el Senado es un terreno distinto, con otra dinámica y con más capacidad de veto. El objetivo es evitar una derrota o una dilación que desgaste al Ejecutivo y deje a la Casa Rosada corriendo detrás de la agenda, como ocurrió en la discusión presupuestaria.
En la mirada del oficialismo, el diálogo con los gobernadores cumple dos funciones al mismo tiempo. Primero, ordenar el poroteo: saber con precisión qué senadores están disponibles, cuáles piden cambios, y cuáles directamente no quieren quedar asociados a una reforma que puede irritar a sectores sindicales o empresariales en sus provincias. Segundo, construir un “paraguas político” para justificar la letra chica: si hay modificaciones, que no parezcan una marcha atrás sino el resultado de una negociación que preserva el núcleo del proyecto.
El Gobierno aprendió que las reformas no se aprueban solo con épica y redes sociales. Se aprueban con una mezcla de disciplina, paciencia y concesiones quirúrgicas. Enero, para Santilli, será eso: una gira para ordenar el terreno antes de que el Senado abra el juego y convierta la reforma laboral en el próximo campo de batalla
La postergación del debate por los cambios en la normativa laboral le dio aire a la CGT. La central obrera redefine su estrategia y piensa en medidas para febrero.
Javier Milei quiere a sus ministros en Buenos Aires concentrados en los proyectos enviados al Congreso. Los roles de Diego Santilli y Patricia Bullrich.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).