El miércoles se comenzará a tratar en comisiones, mientras el Gobierno marca el número de las provincias para negociar los votos de sus diputados.
El período de sesiones ordinarias 2026 comenzará a tomar forma este miércoles en la Cámara de Diputados, con la apertura del debate en comisiones del proyecto que modifica la Ley de Glaciares. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, podría convertirse en ley en cuestión de días si el oficialismo logra sostener los acuerdos que insinúa en la Cámara baja.
El tratamiento se iniciará en un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, convocado por el diputado libertario José Peluc. La hoja de ruta es ambiciosa: buscar dictamen el miércoles 11 y llevar el texto al recinto el jueves 12 o, en su defecto, el miércoles 18. Como el proyecto ya fue aprobado por el Senado, de obtener mayoría simple en Diputados quedará sancionado.
En el mapa político, el oficialismo exhibe un respaldo que, en principio, incluiría al PRO, al MID y a la UCR por completo. El interbloque Unidos -compuesto por Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal- anticipó su rechazo, al igual que Unión por la Patria. En ese tablero fragmentado, la mirada está puesta en legisladores que responden a gobernadores clave, cuyo posicionamiento puede inclinar la balanza.
Se trata de los salteños que responden a Gustavo Sáenz: Yolanda Vega, Pablo Uotes y Bernardo Biella. También de los misioneros que acatan órdenes de Hugo Passalacqua: Alberto Arrúa, Oscar Herrera, Yamila Ruíz y Daniel Vancsik. Los catamarqueños de Raúl Jalil: Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot. Los tucumanos de Osvaldo Jaldo: Gladys Medina, Elia Marina Fernández y Javier Noguera. Y los sanjuaninos de Marcelo Orrego: Nancy Picón y Carlos Jaime Quiroga.
La normativa vigente establece un régimen de protección sobre los glaciares y el ambiente periglacial, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Entre otras disposiciones, limita actividades que puedan afectar estas zonas -desde proyectos extractivos hasta obras de infraestructura- con el objetivo central de preservar los recursos hídricos que dependen del hielo cordillerano.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a “ordenar” el marco normativo y reducir interpretaciones ambiguas que, a su entender, han frenado desarrollos productivos aún en áreas donde no existiría un impacto ambiental. En otras palabras, argumenta que hay sectores pasibles de explotación minera sin afectar el ambiente periglaciar y que hoy se encuentran alcanzados por prohibiciones amplias.
El proyecto dispone que todas las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglacial deberán someterse, de manera previa a su autorización y ejecución, a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental conforme a la normativa vigente. Además, cuando la escala o el grado de intervención lo justifique, la autoridad ambiental de cada jurisdicción podrá exigir una evaluación ambiental estratégica.
Uno de los puntos más sensibles es la constatación de la “relevancia hídrica” de cada glaciar y su aporte efectivo de agua dulce, un criterio que podría redefinir el alcance práctico de la protección. La iniciativa también incorpora el monitoreo de la calidad y cantidad del caudal afectado, en línea con principios ya presentes en el régimen de gestión ambiental del agua.
En cuanto a las autoridades competentes, el texto establece que cada jurisdicción determinará la autoridad de aplicación. En las áreas protegidas alcanzadas por la ley 22.351, la competencia recaerá en la Administración de Parques Nacionales. A su vez, las autoridades ambientales provinciales deberán identificar, con base en estudios técnico-científicos, los glaciares y ambientes periglaciales que cumplan funciones hídricas estratégicas y notificar al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) para la actualización del Inventario Nacional de Glaciares.
El trámite legislativo no estuvo exento de controversias. Varios de los cambios incorporados al proyecto fueron añadidos por el bloque de senadores libertarios apenas dos días antes de la sesión que otorgó la media sanción. El peronismo cuestionó la metodología y denunció que las modificaciones debían discutirse en comisión y no introducirse sobre el final, con poco margen para su análisis previo.
El debate se dará, además, en un Congreso que avanza de manera paulatina en la conformación de sus estructuras internas. En Diputados, de las 46 comisiones permanentes se constituyeron apenas nueve: Presupuesto y Hacienda; Justicia; Asuntos Constitucionales; Relaciones Exteriores y Culto; Familias, Niñez y Juventudes; Legislación Penal; Legislación del Trabajo; Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; y Mercosur.
En el Senado, en tanto, se conformaron siete de las 27: Justicia y Asuntos Penales; Presupuesto y Hacienda; Acuerdos; Ambiente y Desarrollo Sustentable; Minería, Energía y Combustibles; Relaciones Exteriores y Culto; y Trabajo y Previsión Social. Ellas fueron constituidas en período extraordinario para avanzar en las iniciativas parlamentarias que envió el Poder Ejecutivo al Palacio en estos meses (y que en su mayoría ya sancionó).
Con ese telón de fondo institucional y político, la discusión por los glaciares inaugura un año legislativo que promete tensión entre la agenda ambiental y social, con la estrategia oficial de desregulación y promoción de inversiones. El resultado, una vez más, dependerá de acuerdos finos y votos contados al detalle.
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