El nuevo cronograma quedó trazado como una cuenta regresiva de extraordinarias. Este miércoles la comisión en Diputados firmará dictamen y el jueves se intentará llevar el proyecto al recinto. En Balcarce 50 asumen que la sesión será larga y que el giro al Senado podría salir el mismo jueves o, a más tardar, el viernes 20.
Ese día, según el esquema que manejan oficialismo y aliados, el Senado también emitiría dictamen con las modificaciones incorporadas para llegar al recinto el 27 de febrero, al filo del vencimiento de extraordinarias. La otra incógnita que sigue abierta es si en esa misma jornada se votará también la ley penal juvenil, un paquete que el Ejecutivo quiere mostrar como segunda “victoria” legislativa del arranque del año.
El Gobierno aceptó cambios en la reforma laboral
La decisión de aceptar los cambios tuvo un empujón interno con nombre y apellido. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, fueron los que convencieron al presidente Javier Milei de que era la única salida realista para evitar un choque frontal con los bloques dialoguistas y, a la vez, no regalarle a la CGT y a la oposición dura el escenario perfecto para instalar que el Gobierno “no puede gobernar” ni ordenar su propia agenda parlamentaria.
Jueves en Diputados y semana que viene en el Senado
Antes de conceder, la Casa Rosada barajó tres alternativas para esquivar la modificación en el recinto y evitar que el texto volviera al Senado. La primera fue sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableciera que las enfermedades justificadas no generarán descuentos en los sueldos. La segunda fue intentar el mismo resultado vía reglamentación una vez sancionada la norma, dejando el cambio para la letra chica del Ejecutivo. La tercera, más parlamentaria, fue impulsar una ley complementaria después de la promulgación para “cerrar” el tema. Ninguna de las tres pasó el filtro opositor: el DNU olía a gambeta institucional, la reglamentación era una promesa sin garantías y la ley posterior era, en los hechos, un cheque a futuro.
Con ese tablero, Menem y Santilli ofrecieron la salida que el Ejecutivo venía evitando: aceptar la redacción pedida en Diputados, asumir que el proyecto volverá al Senado y apostar a un cierre rápido con dictamen el 20 y sanción el 27. El cálculo político es doble. Por un lado, el Gobierno preserva el núcleo de la reforma y exhibe capacidad de acuerdo, aun a costa de tragarse un retorno incómodo a la Cámara alta. Por otro, se evita que la oposición tenga una llave para trabar el proyecto con mociones en el recinto, cambios de último minuto y, sobre todo, el riesgo de quedar expuesto a una derrota.
AFP
Javier Milei cede y deja casi finalizada la negociación por la reforma laboral
El oficialismo sabe que el final está atado con alambre: depende de los tiempos del recinto en Diputados, de la coordinación con el Senado y de que no se descontrole la agenda con la ley penal juvenil. Pero la decisión ya está tomada: si la reforma laboral sale, saldrá con concesiones. Y la Casa Rosada apuesta a convertir ese costo en un relato de pragmatismo, antes que en la imagen de un Gobierno que se queda sin números cuando la política le marca el límite.
Debate. El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comienza abrirá el tercer proceso judicial por corrupción contra la expresidenta Cristina Kirchner, además de tener por primera vez en el banquillo de los acusados al diputado Máximo Kirchner.
Inicio. La primera audiencia está prevista para este viernes en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, a la que ambos asistirán de manera virtual.
Lavado de dinero y asociación ilícita. La investigación se centra en un mecanismo que habría usado la firma hotelera e inmobiliaria para blanquear retornos provenientes de la obra pública.
Acusados y testigos. Las causas tienen 19 acusados, entre ellos Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa. En total, ambas causas reunían más de 300 testigos, pero las partes acordaron reducir la lista para darle celeridad al debate.
Indagatorias y bienes inhibidos. A pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo citó para el 29 de octubre a los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker. En total convocó a 36 imputados, que declararán hasta el 26 de noviembre, y decretó la inhibición general de bienes de todos los involucrados para evitar que los activos se vuelvan inalcanzables para el Estado.
Una droguería que actuaba como “dueña” de la agencia. Según los fiscales, la Suizo Argentina recibía información anticipada, controlaba las compulsas, fijaba precios con sobreprecios y usaba a Génesis S.A. como firma interpuesta. También habría dado órdenes sobre a qué firmas pagar y a quién designar o despedir dentro de la ANDIS.
Más de $137.000 millones en compras. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la droguería obtuvo órdenes de compra por esa cifra, que los fiscales atribuyen a competencias simuladas y valores arbitrarios. Lijo también amplió la indagatoria de tres ya procesados por asociación ilícita: Atchabahian, Calvete y Arnaudo.
La versión de la empresa. Suizo Argentina rechazó las imputaciones y los sobreprecios y cuestionó las pruebas incorporadas a la causa, que calificó como un relato armado con mensajes y audios de personas que, según la compañía, en algunos casos nunca tuvieron vínculo con ella. Sostuvo que la ANDIS era uno de más de 10.000 clientes y que el 95% de su facturación proviene del sector privado, y afirmó que “la inocencia es total”.
Ley de Fortalecimiento al Sistema de Discapacidad. Tuvo media sanción con un consenso prácticamente unánime, un punto central del debate en medio de las discusiones por la situación de los prestadores y el financiamiento de las prestaciones. Se trata del proyecto de LLA, PRO, UCR, posteriormente empujado por el MID y Argentina Federal.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El proyecto volvió al Senado tras ser modificado en Diputados por un margen ajustado (124 a 119), ya que incluyó la restitución de los límites a la titularidad extranjera de tierras rurales.
Vandalismo rural. Obtuvo media sanción el proyecto del PRO que pena con hasta 10 años de prisión los daños a la producción agropecuaria, silobolsas e instalaciones rurales.
Trazabilidad de medicamentos. Tras la crisis del fentanilo contaminado, se dio media sanción con respaldo transversal al sistema SNATECS para monitorear medicamentos de alto riesgo e insumos críticos. La iniciativa es empujada por la libertaria Giudici.
Endeudamiento familiar. Tras más de 15 horas de sesión y por falta de apoyo a su dictamen, La Libertad Avanza logró postergar el debate por morosidad crediticia y que así no se trate la iniciativa opositora.
Transferencia de un inmueble nacional. Se le dio media sanción al proyecto radical para pasar a título gratuito a la provincia del Chaco un inmueble de 6,2 hectáreas de Nación, donde funciona el Centro de Acopio y Embarque Barranqueras (CAEB).