El Gobierno de Javier Milei aseguró que se prepara para desmontar un sistema de corrupción que involucra tanto al poder político como al Poder Judicial en el otorgamiento de pensiones por invalidez y discapacidad. La iniciativa se anunció hoy después de detectar casos insólitos donde el desvío de fondos llegó a niveles insospechados en connivencia con funcionarios de ambos poderes, especialmente durante las gestiones del kirchnerismo.
Entre las anomalías detectadas, se mencionaron casos de expedientes en los que se presentaban certificados médicos "truchos" o sin el respaldo de estudios médicos, y descubrir que también estaban involucradas entidades privadas que facturaban por prestaciones inexistentes a los beneficiarios por montos elevados, en un sistema que fue calificado como "perverso" por las autoridades de La Libertad Avanza.
En diálogo con Luis Majul en El Observador 107.9, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, explicó que hasta el momento era un "sistema muy difícil de desarticular" por el entramado montado pero adelantó que la administración de Milei ya tiene "preparado un operativo general" en todo el país para desarticular estas maniobras de entrega de pensiones a personas que no las necesitaban.
La Agencia Nacional de Discapacidad auditó 3000 pensiones, de las cuales el 80% "no deberían haberse dado", aseguró el funcionario. "Estamos preparando operativos de auditoría, ya lo tenemos armado, tenemos la denuncia de (el fiscal Guillermo) Marijuan, donde nos vamos a presentar como querellantes. Esas denuncias son muy oportunas porque nos desatan las manos que nos permiten avanzar en el control porque acá estaba también involucrado el Poder Judicial que refrendó" casos que no correspondían.
Spagnuolo puso como ejemplo un hecho ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri en el que se dieron de baja 70 mil pensiones que luego fueron restituidas porque se presentó "un amparo colectivo en un fuero de corte netamente kirchnerista, que no sólo ordenó restituir sino que estableció pautas que impedía dar de baja".
El funcionario precisó que durante las auditorías que se harán primero se determinará si corresponde o no y en el caso de tener que dar de baja se brindarán una o dos instancias de revisión.
"Era un sistema blindado. Lo que nos llamó la atención en un primer momento es que se organizaban operativos en el norte (que es la zona caliente y en el conurbano) y se repartía plata sin obtener un retorno porque no podés obtener de cada persona a la que le das. Lo que hacían luego era afiliar a las personas y había instituciones que facturaban prestaciones (internaciones, traslados) y por esta maniobra se cobraban dos millones aparte de los 200 mil de la pensión", especificó.
El directivo aclaró que habrá "asociaciones privadas que también tendrán que responder. Eso lo vamos a poder determinar fácil después de que hagamos estas auditorías".
“Estamos seguros que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, afirman las autoridades de la ANDIS.
“Sobre los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”, destaca la denuncia judicial. Esas pensiones “truchas ya fueron dadas de baja”. “El gobierno de Alberto Fernández armaba operativos para otorgar pensiones. Es escandaloso”, opinó.
Detalles insólitos de la investigación
Según la investigación, el desvío de fondos llegó a USD 3.400 millones. Se detectó que se otorgó una pensión por invalidez laboral con la radiografía de un perro. “El desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”, sostienen los funcionarios.
"También se descubrió que la radiografía de un hombro, un mismo hombro roto, figuraba en 157 expedientes y hay radiografías bajadas directamente de Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujo un poema de Arias Uriburu titulado ‘la Herida’".
Además de las pensiones mal otorgadas, Spagnuolo encontró otras irregularidades que poco tiene que ver con la asistencia a personas con discapacidad, como la contratación de artistas como Ignacio Copani. Gastos por más de 35 millones de pesos en “agasajos” e instalación de un gazebo y 20 remeras remeras para la marcha LGTV+ del año pasado por lo cual se abonó $900.000.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó detalles desde la Casa Rosada sobre la pesquisa iniciada en la ANDIS y que ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py.
En la entrevista con Majul, Spagnuolo detalló que entre 2003 y 2015, es decir los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”.
El valor actual de la pensión es de $203.100. Durante el gobierno de Mauricio Macri la cifra se mantuvo constante -ver gráfico- pero durante la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.
"En primer lugar lo que nos llamó la atención fue el número. Se arrancó en 2003 o 80 mil pensiones y creció exponencialmente hasta 2016. De 80 mil se fue a un millón sin ninguna guerra ninguna catástrofe que justifique, del 2016 a 2020 se mantuvo estable incluso bajó un poquito. Y del 2020 a 2024 subieron a 1.220.000 pensiones".
Agregó que encontró una posible respuesta en un primer momento. "Lo podíamos ver con fines electoralistas. Por ejemplo en Chaco hay imputados, un intendente, políticos y dos o tres médicos. Esto obedecía en un principio a una caja de la política".
El gasto asociado a las pensiones
"En esos períodos veías cómo crecía y el crecimiento no se daba de manera uniforme en todo el país en determinados lugar iba creciendo, pequeños saltitos y coincidía con la cercanía de algún proceso electoral" pero "lo que no está en la denuncia es el gasto asociado a las pensiones y ahí vimos que se maneja un programa que brinda determinadas prestaciones. Funciona como una obra social. Se les repartían a algunas personas que no necesitaban desde el programa Incluir...para que una persona pueda acceder es que sea titular a una pensión contributiva y a mi me hacia ruido que se reparta tanta plata porque es my difícil que un político obtenga un retorno de esta pensión, no le veía un sentido a esta plata que se repartía...", acotó.
El funcionario reconoció que aún no se puede calcular fehacientemente la pérdida ya que aún se deben hacer lo que se denominan operativos en campo. Hasta el momento se auditaron 2500 pensiones en el norte del país, específicamente en Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, que es la zona caliente. Y se descubrió que más de 2.000 pensiones no correspondían", remarcó.
