El Gobierno de Milei denuncia irregularidades en el sistema de pensiones por invalidez y analiza llevar los casos a la Justicia
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informó que la Agencia Nacional de Discapacidad ha auditado 3000 pensiones, de las cuales el 80% "no deberían haberse dado"
La administración actual, liderada por Javier Milei, ha iniciado una auditoría de las pensiones no contributivas por invalidez. Según los datos oficiales, 1.215.548 personas reciben este beneficio. Un análisis realizado por la Agencia Nacional por Discapacidad reveló que, de una muestra de 3000 pensiones, el 80% no cumplía con los requisitos necesarios para ser otorgadas. Ante esta situación, el Gobierno está considerando llevar el asunto a la justicia y endurecer los criterios de acceso a estas pensiones.
El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha calificado la situación como una “irresponsabilidad”. La pensión no contributiva por invalidez corresponde al 70% de una jubilación mínima, lo que actualmente equivale a $144.851,77. Si a esto se le añade un bono de $70.000, la prestación total superaría los $200.000.
La auditoría comenzó a mediados de marzo y ha puesto de manifiesto un incremento notable en el número de beneficiarios durante ciertos períodos. Por ejemplo, entre 2003 y 2007, bajo la gestión de Néstor Kirchner, el número de beneficiarios aumentó de 79.581 a 225.411. Durante el primer mandato de Cristina Kirchner, la cantidad se triplicó, alcanzando los 707.068. Al finalizar la presidencia de Mauricio Macri, la cifra disminuyó, pero luego aumentó nuevamente a 1.215.548 durante la administración de Alberto Fernández.
Distribución geográfica de las pensiones
El análisis también muestra diferencias geográficas en la distribución de los beneficiarios. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hay 302.794 pensionados por invalidez, mientras que en Chaco, aproximadamente uno de cada diez habitantes recibe esta pensión.
El Gobierno se enfrenta ahora a tres desafíos: completar la auditoría de todas las pensiones, modificar la reglamentación que regula el acceso a las pensiones no contributivas por invalidez y considerar acciones legales contra las administraciones anteriores por supuestas irregularidades en la concesión de estas pensiones.
En cuanto a la legislación, se han identificado dos medidas que podrían ser revocadas o modificadas por la actual administración. La Resolución 70/2023 eliminó la necesidad de declarar “incapacidad total y permanente” en el certificado médico, y el Decreto 7/2023 cambió la definición de invalidez laboral, eliminando el requisito de que la incapacidad laboral debía ser de un 76% o más. Estas normativas están siendo revisadas por el Gobierno actual en su esfuerzo por reformar el sistema de pensiones no contributivas por invalidez.
En el 2010 el kirchnerismo había perdido su mayoría en el Congreso. La oposición consiguió sancionar una ley que instauraba el 82% móvil para las jubilaciones
En el cierre del 10° Latam Economic Forum 2024, el presidente apuntó contra los opositores que en la madrugada aprobaron en Diputados una modificación en la fórmula de movilidad jubilatoria. Además, confirmó que habrá 50.000 despidos más en el Estado
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
