El Gobierno no quiere un paro de transporte y está dispuesto a confrontar con La Fraternidad

El Gobierno quiere que el transporte público funcione durante el jueves y, en ese sentido, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió que le quitará la personería gremial al sindicato de La Fraternidad si no cumple con la conciliación obligatoria vigente. La decisión apunta a confrontar, de forma controlada, con gremios estratégicos en plena disputa política.

Desde Capital Humano, ante la consulta de El Observador, sostuvieron que la decisión de quitarle la personería gremial está tomada en el caso de que La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), este último en el interior del país, se plieguen al paro general que dispuso la Confederación General del Trabajo (CGT) para el jueves. Pettovello, junto a los secretarios de Trabajo, Julio Cordero, y de Transporte, Fernando Hermann, delineó la estrategia que tendrá la administración del presidente Javier Milei.

El Gobierno busca evitar el paro de transportes y amenaza con sanciones a La Fraternidad

El primer paso, siempre y cuando los gremios se adhieran a la medida de fuerza, es aplicarles una multa que prometen que será millonaria para luego avanzar con la quita de la personería, que es, básicamente, sentenciar de muerte al sindicato debido a que lo excluiría de cualquier tipo de negociación colectiva con las patronales del sector. “Sandra (Pettovello) se metió de lleno, tiene la decisión tomada y ya dio las órdenes necesarias al equipo de abogados para que avancen”, le dijo a este medio un integrante del gabinete al tanto de la iniciativa.

El Gobierno busca desalentar que no haya transporte durante el paro general, al igual que ocurrió en las anteriores medidas de fuerza convocadas por la CGT. Una de las banderas comunicacionales que pretende utilizar la administración libertaria es exhibir una baja adhesión a la protesta y, para eso, es clave contar con trenes, colectivos y subterráneos funcionando con normalidad.

La Casa Rosada busca desactivar que los gremios del transporte se adhieran al paro de la CGT

La jugada tiene una doble lectura. Por un lado, en la Casa Rosada entienden que la pelea con los gremios “duros” fortalece el relato oficial de orden y disciplina fiscal en medio del debate por la reforma laboral, que volverá al Senado si Diputados ratifica los cambios acordados con la oposición. Por otro, apuestan a que una eventual confrontación con sindicatos del transporte no tenga un costo social elevado si logran garantizar el funcionamiento mínimo del servicio.

En Balcarce 50 sostienen que la conciliación obligatoria vigente les da sustento jurídico para avanzar. El argumento es que, al tratarse de un servicio esencial o estratégico, la interrupción podría configurar un incumplimiento grave. Los equipos técnicos de Capital Humano trabajan sobre antecedentes administrativos y dictámenes internos para sostener la eventual quita de personería ante la Justicia laboral, un terreno donde descuentan que habrá batalla.

La CGT con su propio partido

La decisión también forma parte de una estrategia más amplia de diferenciación con la CGT. En el oficialismo recuerdan que, en paralelo al endurecimiento discursivo, el Gobierno negoció cambios en la reforma laboral que beneficiaron a la conducción sindical, como el mantenimiento de las cuotas solidarias y el financiamiento de las obras sociales. Esa dualidad es presentada como una muestra de pragmatismo político.

Cerca de Milei consideran que un paro con transporte funcionando “desactiva” el efecto simbólico de la protesta y deja expuesta a la central obrera ante la opinión pública. Incluso aguardan, puertas adentro, declaraciones altisonantes de dirigentes sindicales que puedan ser utilizadas como ejemplo de “privilegios” o posturas corporativas frente a un Gobierno que se presenta como reformista.

La incógnita pasa por la reacción judicial y política si finalmente se concreta la quita de la personería. En el entorno presidencial admiten que sería una medida de alto impacto institucional, pero remarcan que la decisión “no es contra los trabajadores sino contra las conducciones que incumplen la ley”. En ese equilibrio entre firmeza y cálculo político, la Casa Rosada apuesta a que el jueves no sólo sea una prueba de fuerza sindical, sino también una demostración de autoridad del Ejecutivo en un año atravesado por reformas y pulseadas en el Congreso.