Política

El lado B del acuerdo entre el Gobierno y la UTA ¿Quién paga el aumento?

Los empresarios lo definieron como “un acuerdo sin plata”. Desde el Ejecutivo tienen 30 días para desactivar una bomba de tiempo.

Agustín Álvarez Rey

El Gobierno operó fuerte y con la anuencia de la UTA, alineada con el sector más dialoguista de la CGT, logró desactivar el paro de colectivos en el AMBA. Confianza, buena voluntad y decisión política formaron parte del combo ofrecido por el Gobierno que por ahora no incluye plata.

La situación fue tensa. Promesas concretas, pero nada de dinero. En esas condiciones el Gobierno logró destrabar un paro que podía dañar su imagen. O por lo menos así quedó expuesto en el marco de las negociaciones que se llevaron a cabo contra reloj en la secretaria de Trabajo.

El acuerdo se dio en los siguientes términos: durante noviembre va a actualizar la estructura de costos que determina el nivel de subsidios necesarios, esto incluye los aumentos del combustible, el nuevo acuerdo salarial y el precio de los repuestos. El resultado de ese cálculo deberá financiarse con un aumento de tarifas o con un aumento de subsidio.

No hay magia. La paritaria impacta de lleno el costo del transporte, en ese marco el Gobierno deberá definir si aumenta la erogación en subsidios o si fija un nuevo valor del boleto. La decisión será política.

Desde la Cámara empresaria aseguran que el Gobierno se inclinará por el aumento de la tarifa y dejará congelados los subsidios que se siguen licuando al ritmo de la inflación.

La UTA, el Gobierno y un acuerdo sin plata

En ese marco, y para destrabar el conflicto sin plata sobre la mesa se acordó con los gremios y los empresarios aumentos, pero a futuro. Esto quiere decir que el aumento para los trabajadores se fino para noviembre, diciembre y enero. O sea que recién las empresas pagarán los nuevos montos con el salario de diciembre.

El acuerdo estableció una pauta de poco más del 20% de incremento en tres tramos, por los que un chofer que hoy cobra un básico de $1.060.000 pasará a percibir 1.200.000 pesos a partir de enero.

Así las cosas, el Gobierno tiene menos de 30 días para calcular los nuevos costos y definir como compensará el aumento que fue sellado en paritarias. “Todos cedimos. Fue una forma de ganar tiempo hasta que haya algo concreto. Si no hay definición, volveremos al conflicto”, señaló ante la consulta de El Observador uno de los hombres que estuvo presente en la definición del acuerdo.

Para los empresarios el costo del pasaje, sin los aumentos de este último mes, es de $1300. Un valor que desde el Ejecutivo no reconocen por ahora. La diferencia entre lo que se denomina “boleto técnico” y lo que paga el usuario es el monto del subsidio. A esa discusión no saldada, ahora se suma la discusión sobre quien financia el acuerdo paritario.

En ese contexto, la discusión será tensa. Los empresarios ya advirtieron que si desde el Ejecutivo no define el modo de financiación del aumento no podrán pagar lo establecido por el acta firmada en la secretaria de Trabajo.

Desde la UTA, con la paciencia que los caracteriza, señalaron ante la consulta de El Observado, que por ahora no definieron qué hacer ante el posible incumplimiento, pero no descartan una medida de fuerza.

Malvinas: el Gobierno evalúa sumar la pesca al régimen de sanciones

Reunión de la mesa política del Gobierno por la cuestión Malvinas, con la participación de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores
Presidencia
  • Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
  • Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
  • Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
  • El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
  • Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.

Motosierra en la mira: la oposición desafía a Milei en Diputados por deudas y discapacidad

Mañana se espera sesión en Diputados.
Victoria Urruspuru / El Observador
  • Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
  • Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
  • Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
  • Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
  • ¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.