El oficialismo no logró apoyo para tratar en el Senado el pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema
El Gobierno fracasó en su intento de llevar al recinto la designación del juez federal. Sin el respaldo de la oposición, ahora analiza alternativas para su tratamiento
El oficialismo no logró reunir los votos necesarios para tratar en el Senado el pliego de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia. Pese a la intención de convocar a una sesión especial este viernes con ese único tema, la falta de respaldo por parte del PRO y de sectores del radicalismo impidió alcanzar el quórum de 37 senadores necesario para debatir la propuesta.
Previo al intento fallido, el jueves se realizó una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, donde los jefes de bloque manifestaron sus posturas. Si bien el peronismo nunca confirmó explícitamente su apoyo, en los pasillos del Congreso se daba por sentado que podría haber avalado la candidatura de Lijo. No obstante, lo que el peronismo nunca garantizó fue el quórum para habilitar la sesión.
En ese contexto, el oficialismo encontró resistencia en los bloques dialoguistas y especialmente en el PRO, que anticipó que no asistiría al recinto. La falta de respaldo se agravó con la ausencia de algunos senadores radicales, dejando al Gobierno sin los votos necesarios para avanzar con el nombramiento.
La estrategia del Gobierno y la posibilidad de un decreto
Ante la imposibilidad de sesionar, la estrategia inicial del oficialismo era exponer la falta de apoyo de la oposición y habilitar así la posibilidad de un nombramiento por decreto. Sin embargo, con el correr de las negociaciones, la Casa Rosada dio marcha atrás y ahora estudia diferentes opciones.
El Ejecutivo tiene hasta el 1 de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias, para evaluar la posibilidad de nombrar a Lijo y a Manuel García Mansilla en comisión. Para ello, además del consentimiento de los candidatos, es necesario el respaldo de los actuales jueces de la Corte: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Según fuentes oficiales, el presidente analiza la viabilidad de esta opción, aunque también se mencionaron nombres alternativos para ocupar los dos cargos vacantes en el máximo tribunal. En la Corte permanecen sin cubrir los puestos que dejaron Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, lo que ha generado un retraso en la resolución de expedientes clave.
Escenario incierto
Actualmente, el tribunal opera con solo tres jueces, lo que impide que haya disidencias en las decisiones y genera dificultades en la firma de fallos. De acuerdo con estimaciones del propio tribunal, existen alrededor de 70 causas de alta relevancia política y económica que están pendientes de resolución debido a la falta de una composición plena.
El oficialismo debe resolver la falta de consensos en el Senado. El bloque de Unión por la Patria mantiene posturas divididas y hay entre 23 y 25 senadores que no respaldan el pliego de Lijo. La negativa del PRO implica al menos siete votos en contra y se suma también la negativa del senador libertario Francisco Paoltroni, separado del bloque libertario.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.
Sesión con quórum justo. La oposición convocó a sesionar este miércoles para emplazar y dictaminar proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. Necesitan reunir 129 presentes y estiman alcanzar los 130 diputados.
Estrategia libertaria. El oficialismo abrió las comisiones solicitadas y se comprometió a apoyar las iniciativas, si no generan déficit fiscal; aunque no sería suficiente para frenar la sesión.
Rol clave de los gobernadores. Diputados de Tucumán y Catamarca dijeron que darán quórum, pero la incógnita pasa por los de Salta y Misiones, sumados a posturas ambiguas dentro de Provincias Unidas.
Mensaje político a Milei. El peronismo y sus aliados buscan demostrar fortaleza frente al Ejecutivo, pese a los intentos de La Libertad Avanza por destrabar el conflicto.
¿Respuesta del Gobierno? No se descartan anuncios del Gobierno hoy, tras la mesa política, para intentar desarticular la convocatoria.
