Milei busca flexibilizar los límites para la extranjerización de tierras.
aEste jueves se tratará el proyecto de "Inviolabilidad de la propiedad privada". Los cambios en la extranjerización de la tierra fueron focos de polémica.
El Senado se prepara para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, impulsado por el Gobierno. Dicha iniciativa fue postergada en distintas ocasiones y sufrió cambios drásticos en su escritura. Uno de los capítulos más polémicos, y que hace peligrar todo el documento, es aquel que quita trabas a la extranjerización de tierras: los límites, los permisos y la cláusula "antitestaferros".
La idea de todo este proyecto es limitar la participación estatal al eliminar "restricciones ilegítimas que limitan el contenido esencial del derecho de propiedad". Flexibiliza las prohibiciones para realizar emprendimientos inmobiliarios o agropecuarios en terrenos que hayan sufrido incendios, e incluso habilita desalojos "exprés".
En lo que respecta a la compra de tierras rurales, propone una serie de cambios: elimina los límites generales a la compra de tierras rurales por extranjeros privados, aunque mantiene restricciones únicamente para los Estados extranjeros y las empresas bajo su control.
La ley de Tierras aún vigente plantea que sólo el 15% de tierras rurales pueden estar en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal. Además, que un extranjero no puede comprar más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (o su equivalente). Tampoco se permite comprar terrenos con cuerpos de agua importantes.
Con este nuevo proyecto libertario, todos esos límites desaparecen. La principal restricción que permanece es para los Estados extranjeros: un Estado, sus empresas públicas o sociedades no podrán comprar tierras rurales en Argentina, a menos que la provincia donde está el terreno lo solicite expresamente y el Poder Ejecutivo nacional lo autorice.
Como se explicó, la persona física extranjera o una empresa privada extranjera ya no tendría los límites de superficie ni los topes porcentuales que hoy existen. Es decir, podría comprar tierras rurales sin quedar sujeto a esas limitaciones generales, siempre que no sea un Estado extranjero o una empresa controlada por un Estado.
Por su parte, la compra de tierras en zonas de seguridad de frontera ya no requerirán de un régimen específico. La restricción especial queda enfocada nuevamente en los Estados extranjeros, no en cualquier extranjero. El Gobierno insiste en que todo esto favorecerá las inversiones en el sector rural, mientras que los opositores denuncian -principalmente- falta de controles ambientales.
Además incorpora una cláusula anti-testaferros. ¿Cómo es esto? En su artículo 26, sustituye el artículo 6 de la Ley N° 26.737 y prohíbe que se usen personas o sociedades como pantalla para ocultar que detrás de una compra hay un Estado extranjero. Si eso ocurre, se considera una simulación ilícita y fraudulenta.
La sesión -que busca darle media sanción- se llevará a cabo este jueves 16 a las 12, en la Cámara de Senadores. Los votos estarían muy justos y, si bien desde el oficialismo confían en que el documento no sufrirá más modificaciones, hay aliados que aún no confirman sus posturas y evalúan proponer alguna reforma más en la letra chica de la iniciativa.
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