La controversia empezó cuando el juez Sebastián Sarmiento suspendió el secuestro de celulares en las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer.
Tras un polémico fallo judicial, el operativo de secuestro de celulares en dos cárceles de Mendoza se reanudó, creando tensiones entre el gobierno y el poder judicial.
¿Qué originó la disputa entre el gobierno provincial y el juez Sarmiento?
La controversia comenzó cuando el juez Sebastián Sarmiento suspendió el operativo de secuestro de celulares en las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer. La medida había sido adoptada en 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, para permitir que los internos pudieran mantener comunicación con sus familias. Sarmiento argumentó que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) no cumplía con las exigencias mínimas en cuanto a la proporción de dispositivos disponibles para los internos, ni tampoco garantizaba las condiciones adecuadas de privacidad y funcionalidad. La suspensión de la medida se basó en un hábeas corpus presentado por un grupo de internos, a lo que Sarmiento añadió que los dispositivos no reunían los estándares exigidos por la normativa.
¿Qué dijo el gobierno provincial en respuesta?
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, reaccionó rápidamente a la decisión del juez Sarmiento, presentando un recurso de apelación. En su escrito, acusó al magistrado de "intromisión en las funciones propias de la administración", señalando que el juez había excedido sus competencias al suspender una medida del poder ejecutivo y, además, que había ampliado indebidamente la resolución a toda la población carcelaria de los complejos mencionados. También cuestionó que el hábeas corpus fuera presentado por un grupo de internos estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), algo que consideró inapropiado.
¿Cómo se resolvió el conflicto judicial?
Después de una semana de tensiones, el juez Sebastián Sarmiento se apartó de la causa y la medida quedó suspendida por su reemplazante, el juez Juan Manuel Pina. Este último aceptó el recurso de apelación presentado por el Servicio Penitenciario Provincial y dejó sin efecto la resolución de Sarmiento. De esta manera, el operativo de secuestro de celulares fue reanudado en las cárceles de San Felipe y Boulogne Sur Mer.
¿Por qué es importante el secuestro de celulares en las cárceles?
El secuestro de celulares en las cárceles de Mendoza es una medida polémica, ya que, según las autoridades, los teléfonos móviles son utilizados por los reclusos para cometer delitos desde el interior de los complejos. Uno de los mayores riesgos es el uso de los celulares para organizar estafas y otros delitos en línea. El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, advirtió que el acceso de los internos a los teléfonos celulares pone en riesgo la seguridad, ya que permite a los reclusos coordinar actividades delictivas con cómplices fuera de prisión.
¿Qué otros antecedentes complican la figura de Sarmiento?
El gobierno provincial mencionó que evalúa presentar un Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sarmiento debido a otros fallos controvertidos, como el que permitió la liberación del policía retirado Héctor Pelayes, quien fue asesinado el año pasado por un delincuente que había sido liberado bajo su fallo. Este caso causó un rechazo considerable por parte de las autoridades provinciales, lo que sumó presión sobre la figura del magistrado.
El operativo de secuestro de celulares continuará en las cárceles de Mendoza, al menos por ahora, luego de la intervención del juez Juan Manuel Pina. Sin embargo, el gobierno provincial sigue evaluando la posibilidad de presentar un Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sebastián Sarmiento, lo que podría derivar en una nueva etapa judicial que involucre su actuación en otras causas. La situación también puso en evidencia las tensiones entre el poder judicial y el poder ejecutivo en la provincia, que podrían escalar dependiendo del desenlace de futuros fallos y recursos presentados por las partes involucradas.
Por medio de un Decreto presidencial, se estableció que la administración penitenciaria asignará el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo al momento del hecho por el cual se ordenó su detención.
El objetivo original de la nueva cárcel es reubicar a los internos del Penal de Devoto para posteriormente proceder a su demolición
