Dentro de la democracia, todo; fuera de la democracia, nada

Las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei –que cogobierna con el expresidente Mauricio Macri y su equipo– son de una gravedad inédita en los cuarenta años que lleva el actual período democrático. Esto ocurre tanto por cuestiones de forma como de fondo: institucionalmente, implica un avasallamiento de las instituciones democráticas y republicanas al querer brindarle al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, con un virtual borramiento de las funciones del Congreso en los próximos cuatro años; en relación al contenido, es una desregulación brutal de los mercados, que beneficia a un conjunto de empresarios al tiempo que las grandes mayorías populares y de clase media se empobrecen, con el remate de todas las empresas públicas, de las tierras y los recursos nacionales, del ambiente y del acervo cultural que es parte de la identidad de nuestro país. 

El gobierno de La Libertad Avanza esgrime dos argumentos para justificar este atropello. Por un lado, sus representantes afirman que haber accedido al gobierno mediante el voto popular establece una vía libre para hacer cualquier cosa, un cheque en blanco. Esto, por supuesto, es falso: la dinámica republicana se apoya en la democracia electoral como proceso continuo, y el Congreso es paradigmático en relación a esto porque es la institución en la que están representados legisladores y legisladoras de todas las provincias, electos en diferentes momentos y según la cantidad de votos obtenida por cada espacio. Es el lugar por excelencia de debates y de construcción de consensos para definir políticas de Estado. Tales son los motivos de su existencia y ningún Poder Ejecutivo puede pasarlo por encima, si queremos seguir viviendo en una democracia. 

El otro argumento se basa en la delicada situación económica y social del país, realidad que debemos asumir y enfrentar desde todos los espacios políticos y en todas las instituciones de la democracia. Es la plataforma sobre la cual LLA busca instalar un discurso refundacional, pero con las mismas políticas de desregulación estatal que ya demostraron ser un fracaso en Argentina, en tres períodos de la historia reciente: la dictadura que gobernó entre 1976 y 1983; en los gobiernos de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, entre 1989 y la explosión de la crisis de 2001; y finalmente durante el período de Cambiemos, entre 2015 y 2019, un ciclo corto pero que contrajo la deuda más grande con el FMI de la historia de la humanidad. 

¿Por qué digo que fracasaron? Porque bajo la premisa de que el Estado era el problema fundamental de las crisis económicas, se impulsó una desregulación total que tuvo siempre las mismas consecuencias: reprimarización de la economía, crecimiento de la pobreza y la desigualdad, de la deuda externa y de la fuga de capitales. En términos más sencillos: ganaron los más poderosos, los sectores concentrados de la economía, y perdieron las clases medias y populares. Perdió el pueblo. 

La ley ómnibus y el DNU que discutiremos en el Congreso en las próximas semanas van en este mismo sentido, pero de manera más acelerada y con la intención de que el Poder Ejecutivo tenga las facultades para hacerlo sin los debidos procesos democráticos, es decir, de manera autocrática y autoritaria. “Hay que ir en la misma dirección, pero más rápido”, había dicho Macri como “autocrítica” a su presidencia. Esto es lo que buscan ahora.

Todos los sectores políticos, sindicales y sociales, como también la ciudadanía, todas las personas que consideramos que la democracia es un valor fundamental para la vida en común y para Argentina, debemos frenar este intento, porque además sentaría un antecedente que implicaría que en el futuro otro gobierno también pudiera hacer lo que dispusiera, sin respetar la democracia. 

Hoy nuestra tarea es muy clara: defender la democracia y defender al pueblo argentino. En estos días Milei usó una frase de Perón que me gustaría parafrasear para cerrar esta columna: dentro de la democracia, todo; fuera de la democracia, nada.