El Gobierno reducirá días de descanso y vacaciones para pilotos y flexibilizará normas para atraer inversiones extranjeras al sector aéreo
El Gobierno nacional anunció que publicará un decreto que modificará los tiempos máximos de vuelo y los periodos mínimos de descanso para pilotos y tripulantes de cabina, con el fin de alinearlos a estándares internacionales y facilitar una mayor flexibilización en el sector aeronáutico.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que hasta ahora "la reglamentación de los tiempos máximos de vuelo y los periodos de descanso estuvo influenciada por la política y los sindicatos, en detrimento del desarrollo de la industria". Para Adorni, el objetivo es que "los operadores del servicio tengan más libertad para organizar y dirigir la operación, lo que va a generar más competencia y más ofertas de servicio para los argentinos".
Entre las principales modificaciones, se destaca la reducción de las vacaciones anuales para pilotos, que pasarían de 40 a 15 días. En cuanto a los descansos semanales, la regulación vigente establece un mínimo de 36 horas consecutivas de descanso, que el nuevo decreto ajustaría a 30 horas semanales, alineándose con el modelo estadounidense gestionado por la Federal Aviation Administration (FAA). Esta entidad fija un límite de 100 horas de vuelo en un ciclo de 28 días, mientras que en Argentina los pilotos están habilitados para volar hasta 90 horas mensuales en cabinas con dos personas.
Adorni también detalló que el decreto forma parte de un proceso para "quitar privilegios de la casta aeronáutica", que, según él, incluía beneficios como traslados gratuitos en remises, vacaciones gratis para familiares directos de pilotos y jubilados, y horarios que contemplaban tiempos de traslado al aeropuerto.
Estas modificaciones se suman a un conjunto de reformas impulsadas en el último año para flexibilizar el mercado aerocomercial. Mediante el decreto 338/2025, se formalizó la posibilidad de que aeronaves extranjeras operen en Argentina sin la obligación de contar con tripulación ni asistencia local, lo que representa un cambio sustancial en las reglas de operación.
Otra medida importante fue la derogación de la obligación de que dos tercios del directorio de las empresas del sector sean argentinos, lo que habilita la participación directa de inversionistas internacionales sin intermediarios nacionales. Además, se amplió la libertad contractual para la matriculación de aeronaves, permitiendo que los contratos puedan celebrarse tanto en el país como en el extranjero, siempre que las aeronaves se inscriban en el Registro Nacional de Aeronaves y cumplan con el Código Aeronáutico vigente.
Desde el Gobierno, voceros relacionados con el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, y la Secretaría de Transporte, dirigida por Luis Pierrini, indicaron que estas medidas buscan atraer mayor inversión extranjera y generar un mercado más competitivo. “Queremos que más empresas internacionales vean a la Argentina como un país atractivo para operar”, afirmaron.
La intención oficial es consolidar un marco regulatorio que incentive la llegada de nuevas aerolíneas y la apertura de rutas aéreas, como se ha visto en el último año, en el que se registró un récord histórico de pasajeros y la incorporación de nuevas compañías al mercado local.
La reacción de los gremios aeronáuticos no se hizo esperar. Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), criticó duramente las medidas y calificó al Gobierno de "autoritario", señalando que la reforma "atenta contra el derecho a huelga y busca silenciar a los trabajadores por decreto". Brey advirtió que la desregulación implica un "desguace de Vialidad, de la marina mercante y una amenaza a la soberanía nacional y al empleo".
El dirigente gremial adelantó que los sindicatos están evaluando medidas de protesta y destacó que ya hay un plan de lucha convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluirá paros parciales y movilizaciones desde junio.
Por su parte, fuentes oficiales reconocieron que la reforma puede derivar en litigios judiciales y señalaron que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) fue requerida para elaborar informes técnicos que respalden la legalidad de la medida. De hecho, la Casa Rosada decidió no incluir estas modificaciones en la reciente reforma al Código Aeronáutico para evitar conflictos en temporada alta, posponiendo su publicación para un momento de menor presión sindical.
Además, el oficialismo planea reactivar el debate sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, una iniciativa que no fue incluida en las sesiones extraordinarias de principios de 2025 pero que se prevé impulsar en los próximos meses. Este proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno para liberalizar y modernizar el sector, aunque genera fuerte resistencia por parte de los sindicatos y parte de la opinión pública.
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