Javier Milei congeló cualquier tipo de negociación con el kirchnerismo por la Corte Suprema
El Presidente dejó en claro dentro del Gobierno que no hay ningún interlocutor habilitado para acercarse a Cristina Fernández de Kirchner con ese objetivo.
El Presidente dejó en claro dentro del Gobierno que no hay ningún interlocutor habilitado para acercarse a Cristina Fernández de Kirchner con ese objetivo.
El presidente Javier Milei decidió congelar cualquier negociación por la ampliación de la Corte Suprema y las dos vacantes abiertas, luego de las versiones sobre un pacto con el kirchnerismo. En la Casa Rosada bajaron una orden tajante: ningún emisario de La Libertad Avanza puede sentarse a discutir pliegos con el cristinismo, so pena de quedar afuera, sin vuelta, inmediatamente.
El nuevo giro llega en el mismo momento en que el Senado volvió a poner en agenda los proyectos para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal, una discusión que el kirchnerismo impulsa desde hace años y que el peronismo federal y sectores provinciales usan como ficha de negociación. Para el Gobierno, aceptar sentarse a esa mesa implicaría quedar atrapado en una agenda que no controla y que lo expone a otro desgaste institucional.
En ese marco surgieron las versiones sobre una negociación silenciosa para avanzar con un esquema de “uno y uno”: un juez propuesto por el oficialismo y otro por el kirchnerismo, con la senadora Anabel Fernández Sagasti como posible carta del cristinismo y el camarista Mariano Llorens como nombre barajado del otro lado. En esos borradores, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y el ministro bonaerense Juan Martín Mena aparecían como interlocutores.
Fue ahí donde intervino Milei. Según reconstruyen en Balcarce 50, el presidente no solo desmintió en público cualquier negociación, sino que lo ratificó en privado con una instrucción que corrió rápido por los despachos: “No hay nadie habilitado para hablar con el kirchnerismo y el propio Presidente lo dijo así. El que habla, queda afuera”, resumió una fuente con acceso al despacho presidencial. La lectura interna es que, después del costo político que dejó el episodio anterior con la Corte, exponerse a un acuerdo con el cristinismo sería “suicida”.
El antecedente inmediato es la fallida avanzada sobre Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Primero, el Gobierno envió sus pliegos al Senado para cubrir las dos vacantes. Más tarde, en plena parálisis legislativa, Milei decidió designarlos “en comisión” por decreto, con el argumento de que la Corte no podía seguir funcionando con solo tres miembros. La jugada fue cuestionada por organismos de derechos humanos y juristas, que hablaron de un golpe a la independencia judicial, y sumó resistencia en buena parte de la oposición.
El operativo terminó en fiasco. La Corte se negó a tomarle juramento a Lijo y, tras semanas de tensión, bloqueó su desembarco. En paralelo, García Mansilla quedó en la mira cuando su pliego fue rechazado en el Senado y terminó renunciando al cargo al que había llegado por decreto, lo que generó un fuerte malestar dentro del Gabinete y profundizó el ruido político alrededor de la estrategia judicial de la Casa Rosada.
En la Casa Rosada todavía mastican esos costos. El Gobierno celebró cuando la Corte consideró constitucional el mecanismo de nombramientos en comisión, pero chocó después con la realidad parlamentaria: el PRO cerró filas con el resto de la oposición y se negó a acompañar las designaciones de Lijo y García Mansilla, clausurando el atajo que Milei había imaginado para ordenar el tribunal y dejando en evidencia la fragilidad de su base de sustentación en el Senado.
Con ese telón de fondo, en el oficialismo miran la discusión por la ampliación de la Corte como una trampa perfecta. Si se sienta a negociar, Milei habilita el discurso del “pacto” con Cristina Fernández de Kirchner, justo cuando el Gobierno intenta mostrarse lejos de cualquier acuerdo con el kirchnerismo. Si se niega, corre el riesgo de quedar pegado al bloqueo de un tribunal que ya funciona al límite, con dos sillas vacías desde hace años. Por eso la definición de “congelar” todo y patear el tema lo más lejos posible.
La orden también tiene efectos internos. Amerio, había sido presentado en distintos despachos como posible operador ante el Senado, bajo el padrinazgo del asesor presidencial Santiago Caputo. Ahora, cualquier conversación que pueda leerse como un guiño al cristinismo queda desautorizada. El mensaje no solo apunta a la justicia y a la oposición, sino también a las distintas tribus libertarias que se disputan la lapicera en materia institucional.
En paralelo, el Gobierno necesita concentrar capital político en otros frentes: Presupuesto 2026, reforma laboral, cambios en el Código Penal y el paquete de facultades delegadas que marcará el tono de las sesiones extraordinarias. Abrir una batalla por la ampliación de la Corte y por el reparto de las dos vacantes implicaría sumar otra negociación de alta complejidad con el mismo elenco de gobernadores y bloques legislativos con los que hoy intenta garantizarse la gobernabilidad.
Por ahora, la estrategia es simple: mantener la discusión en el freezer, negar cualquier pacto y dejar correr la idea de que una ampliación del tribunal responde a los intereses de quienes gobernaron antes. Milei apuesta a que, en un clima social atravesado por la desconfianza hacia la dirigencia y las maniobras judiciales, nadie le pasará factura por no completar la Corte de inmediato. Lo que busca evitar, a cualquier precio, es volver a quedar en el centro de la escena por un nuevo experimento fallido con el máximo tribunal.
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