Política

La inteligencia artificial ya está en el aula: ahora la escuela tiene una ley para acompañarla

La Ley de Educación Digital Integral tiene como prioridades el pensamiento crítico de los chicos, la protección de sus derechos y el fortalecimiento del trabajo docente

Por  Sergio Siciliano

La Legislatura porteña aprobó la Ley de Educación Digital Integral. Su objetivo es que la tecnología esté al servicio del aprendizaje, con tres prioridades: el pensamiento crítico de los chicos, la protección de sus derechos y el fortalecimiento del trabajo docente.

Esta ley no nació en un escritorio. Nació en las mesas de trabajo de la Legislatura, cuando estudiantes de distintas escuelas porteñas nos contaron cómo usan la tecnología y la inteligencia artificial, qué les entusiasma, qué les preocupa y qué sienten que nadie les está enseñando. Y, así, legisladores de diferentes sectores políticos nos pusimos a trabajar con una causa común: mejorar la educación en las aulas porteñas.

Escucharlos fue revelador, porque confirmó algo que los adultos a veces seguimos discutiendo en abstracto. La inteligencia artificial ya está en las escuelas, en los teléfonos celulares de los chicos, en las tareas que hacen en sus casas y en las herramientas que usan sus docentes, y no hizo falta ninguna ley para que eso sucediera.

Los datos lo muestran con claridad. Según un relevamiento nacional de UNICEF y UNESCO publicado el año pasado, el 58% de los chicos argentinos de entre 9 y 17 años ya usó ChatGPT, y dos de cada tres lo hicieron para resolver trabajos escolares.

La tecnología avanzó mucho más rápido que nuestra capacidad para comprenderla y para establecer criterios sobre cómo usarla. Por eso la discusión ya no es si los chicos van a usar inteligencia artificial, sino cómo queremos que la usen.

Hoy esa pregunta tiene una respuesta. Con el respaldo del Gobierno de la Ciudad, la Legislatura aprobó la Ley de Educación Digital Integral, que establece un marco para que la incorporación de la inteligencia artificial al sistema educativo responda a criterios pedagógicos, de inclusión, de equidad y de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

No se trata de tenerle miedo a la tecnología ni de incorporarla de manera ingenua. La inteligencia artificial ofrece oportunidades enormes para mejorar la enseñanza y personalizar los aprendizajes, pero por sí sola no garantiza una mejor educación. Lo que hace la diferencia es el sentido pedagógico con el que se usa.

Enseñar a pensar

La primera prioridad de la ley es el pensamiento crítico. Una herramienta de inteligencia artificial puede ofrecer una respuesta en segundos, pero una respuesta no siempre es conocimiento, porque puede contener errores, información falsa o sesgos. El mismo relevamiento de UNICEF y UNESCO indica que seis de cada diez chicos creen que el primer resultado de una búsqueda en internet es siempre el más adecuado, y ese dato alcanza para entender el desafío.

La ley amplía la idea de alfabetización digital, que deja de limitarse al uso de dispositivos y plataformas para incluir la comprensión crítica de las tecnologías, los algoritmos, el tratamiento de los datos y los sistemas de inteligencia artificial. Tenemos que enseñarles a los chicos a preguntar, a dudar, a contrastar información y a construir sus propias conclusiones. También a distinguir una respuesta correcta de una respuesta convincente y a entender que aprender exige un proceso de reflexión y esfuerzo que ninguna máquina debería reemplazar.

Hay una diferencia enorme entre usar la inteligencia artificial para aprender y usarla para dejar de pensar. Bien utilizada, puede estimular la creatividad y despertar nuevas preguntas; mal utilizada, se convierte en un atajo que reemplaza el razonamiento. En un mundo en el que va a ser cada vez más fácil acceder a respuestas, lo verdaderamente valioso será saber qué preguntar y qué hacer con la información.

Proteger a los chicos y sus datos

Detrás de cada pantalla hay un chico y no simplemente un usuario. Ese chico tiene derechos que el Estado, las escuelas y las familias tenemos la responsabilidad de cuidar. La incorporación de la inteligencia artificial a la educación no puede hacerse a cualquier costo ni quedar librada a las decisiones de las plataformas.

La ley establece principios de privacidad, transparencia, protección de datos personales, prevención de sesgos y discriminaciones y supervisión humana, porque las decisiones educativas y la responsabilidad institucional no pueden delegarse en sistemas automatizados. También fija un criterio de gradualidad. No podemos pretender que un chico de primaria use estas herramientas de la misma manera que un adolescente de secundaria. Su uso deberá adecuarse a la edad, la madurez y el desarrollo de cada estudiante, respetando su autonomía progresiva y con acompañamiento adulto.

Proteger no significa solamente restringir. También significa educar para que los chicos comprendan los riesgos y aprendan a tomar buenas decisiones. Significa, además, acompañar a las familias, que muchas veces se enfrentan a un mundo digital que les resulta desconocido. Para eso la ley incorpora talleres y acciones de orientación pensados especialmente para ellas.

Proteger es también garantizar igualdad de oportunidades. Entre los chicos de nivel socioeconómico alto, el 75% usó ChatGPT, mientras que entre los de nivel bajo la cifra cae al 42%. Esa brecha de 33 puntos no puede convertirse en una nueva barrera de aprendizaje. La escuela tiene un papel fundamental para nivelar los puntos de partida, de manera que las oportunidades de aprender y progresar no dependan de la capacidad económica de cada familia.

Empoderar a los docentes

Ninguna inteligencia artificial puede reemplazar el vínculo que se construye entre un docente y sus alumnos. La tecnología puede ayudar a preparar ejercicios o a planificar una clase, pero no puede reemplazar la mirada de quien conoce a sus estudiantes, identifica sus dificultades, descubre sus talentos y sabe cuándo necesitan una explicación, una palabra de aliento o simplemente alguien que los escuche.

La Ciudad ya viene recorriendo este camino, junto a nuestro Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Desde 2025, más de 30.000 docentes porteños participaron de propuestas de formación vinculadas con inteligencia artificial y más de 2.000 ya trabajan con asistentes de IA diseñados por ellos mismos para acompañar la planificación, la enseñanza y la evaluación. La ley le da continuidad y marco a ese esfuerzo con programas de alfabetización digital y capacitación para docentes, equipos directivos y personal administrativo. No alcanza con llevar tecnología a las escuelas si quienes enseñan no cuentan con el acompañamiento necesario para incorporarla con criterio.

El objetivo es que los docentes dediquen menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a lo verdaderamente importante, que es enseñar, acompañar a quien tiene dificultades y desafiar a quien necesita ir más allá.

Personas libres y capaces de pensar

Esta ley se suma a la de educación socioemocional y forma parte de una misma convicción, la de una escuela que se ocupa del aprendizaje y también del bienestar de los chicos. El verdadero desafío no es lograr que la inteligencia artificial sea cada vez más inteligente, porque eso ya está ocurriendo.

Nuestro desafío es formar chicos cada vez más capaces de pensar, de crear y de decidir por sí mismos. Queremos una escuela preparada para el futuro, que proteja a los chicos en el presente y que incorpore la innovación sin perder humanidad. Las tecnologías cambian y las herramientas evolucionan, pero la misión de la educación sigue siendo la misma: formar personas libres, críticas y capaces de construir su propio futuro.

Para el fiscal, no hay elementos para sostener que Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente

Para el fiscal, no hay elementos para sostener que Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente
  • Dictamen. El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que no hay elementos para sostener que el exfuncionario Manuel Adorni se enriqueció ilícitamente durante su paso por la gestión pública.
  • Investigación. Tras analizar los últimos informes contables, consideró que no se pudo acreditar que el incremento de su patrimonio tuviera un origen ilegal vinculado con su cargo.
  • Lo que sigue. La decisión no implica un sobreseimiento. Pollicita pidió que la investigación pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico por presunta evasión fiscal.
  • Dudas. Persisten sospechas sobre ingresos, dólares en efectivo, pagos y activos virtuales que habrían quedado fuera de las declaraciones fiscales durante años.