El presidente Javier Milei con los gobernadores, en diciembre pasado
Los gobernadores se reúnen el lunes en el CFI con una agenda económica, pero no anti Javier Milei
Los mandatarios provinciales acordaron no confrontar con el Gobierno, pondrán el foto en la preocupación por la caída de la recaudación y la obra pública.
La foto tendrá una potencia simbólica innegable. Por ahora no habrá documento final ni se prevé una ofensiva política: la cita se proyecta como un espacio de diagnóstico y preocupación compartida frente a una coyuntura que golpea por igual a oficialistas y opositores. En el centro del debate estarán la merma de la coparticipación, la abrupta caída de la recaudación en los distritos y el parate de la inversión en infraestructura, tres variables que afectan de manera directa la caja, la gestión y, eventualmente, la gobernabilidad.
Los gobernadores se reúnen pero evitan que sea una cumbre contra Javier Milei
Los mandatarios que estarán presentes son: Axel Kicillof (Buenos Aires), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (CABA).
El presidente Javier Milei junto a los gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán, tras la firma de Pacto de Mayo
La caída de la recaudación y la obra pública los dos grandes temas
“Es una reunión para poner en común el diagnóstico, ver números, y entender hacia dónde va esto. No es contra nadie, es entre nosotros”, explicó uno de los mandatarios que impulsa la convocatoria. Lo que sobrevuela el encuentro es una mezcla de alerta, pragmatismo y búsqueda de información concreta. Las provincias, que vienen ajustando en silencio desde diciembre, están sintiendo con fuerza el impacto de la desaceleración económica. La recaudación de los tributos nacionales, principal fuente de la coparticipación, se contrajo de forma sostenida en términos reales, afectando la caja chica con la que los gobernadores pagan sueldos, sostienen programas sociales y financian servicios esenciales.
Según estimaciones de distintos equipos fiscales provinciales, la caída de la coparticipación acumulada en los primeros cinco meses del año ronda entre el 15% y el 20% interanual en términos reales, dependiendo de la provincia. A eso se suma un desplome del financiamiento para obras públicas: en varios distritos directamente no hay nuevas licitaciones y se paralizaron proyectos en ejecución, lo que además deja sin empleo a miles de trabajadores del rubro. A esto se suma que muchas dejaron de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN) o fondos específicos para obras. En paralelo, el consumo (principal motor de recaudación por Ingresos Brutos) sigue planchado, lo que impacta directamente en las arcas locales.
Javier Milei festeja que los gobernadores no arman una cumbre en su contra
Uno de los temas que más interés genera entre los mandatarios es el esquema tributario que proyecta el Gobierno nacional. Si bien hasta ahora no hubo precisiones públicas por parte de Milei o del ministro Economía, Luis Caputo, en los despachos provinciales se especula con un rediseño del sistema impositivo que podría afectar aún más el reparto de fondos. Los gobernadores quieren saber si habrá cambios en el esquema de coparticipación, si se buscará consolidar la eliminación de transferencias discrecionales y qué margen quedará para los ingresos propios. Todo esto, en un contexto en el que la presión fiscal ya es alta y los niveles de actividad no dan señales claras de recuperación.
El presidente Javier Milei con los gobernadores, en diciembre pasado.
La preocupación por el freno total de la obra pública también será parte del temario. Para muchas provincias, las inversiones nacionales en infraestructura eran clave no solo para el desarrollo económico, sino también como herramienta de empleo. En algunos casos, se frenaron rutas, hospitales, viviendas y hasta obras de agua potable. Si bien algunas administraciones intentaron continuar con fondos propios, el esfuerzo resulta insostenible a largo plazo. En la reunión del CFI se hará un repaso de los proyectos paralizados y se buscará al menos un marco común para reclamar su reactivación en el futuro.
Javier Milei prevé cambios en el esquema de recaudación
En este marco, algunos mandatarios están evaluando reconfigurar sus presupuestos para este año y trabajar con escenarios mucho más restrictivos. La mayoría ya aplicó recortes en áreas no esenciales, congelamiento de sueldos o postergación de obras. También hay preocupación por la presión social que puede derivarse de un deterioro mayor de la situación económica, en un contexto donde la asistencia social también se ha reducido por parte del Estado nacional.
En definitiva, la cita del lunes no será una cumbre explosiva, pero sí una radiografía precisa del momento económico que viven las provincias. Una postal federal que no grita, pero que alerta.
Los mandatarios provinciales no ven margen para pelearse con la Casa Rosada por los índices de popularidad del Presidente. Las excepciones y la mirada en 2027.
La influencer Valentina Olguín utilizó datos de Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) para realizar compras en una tienda online.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.