El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) reconoció errores terminológicos en una resolución. El Gobierno desvinculó a Miriam Améndola tras el escándalo.
El Gobierno desvinculó a Miriam Améndola tras el escándalo por el uso de términos ofensivos en una publicación oficial hacia pacientes con discapacidad. La responsabilidad también recayó en su antecesora.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) despidió a Améndola, quien iba a asumir como coordinadora de Fiscalización Médica, luego de la polémica generada por la publicación de términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” en el Boletín Oficial.
El caso tomó estado público cuando se conoció que la Resolución 187/2025 del organismo, publicada el 16 de enero, incluía una terminología obsoleta y considerada ofensiva en su Anexo 1.
Ante la repercusión, el Gobierno anunció que daba marcha atrás con la norma y responsabilizó a Améndola y a su antecesora, Tatiana Alvarado, quien participó en la redacción del documento, pero dejó el cargo antes de su publicación.
El titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, reconoció la gravedad del hecho e informó que las personas responsables de lo que pasó ya fueron desvinculadas. No obstante, la resolución llevaba su firma.
El titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, anunció modificaciones en la resolución 187/2025 de la entidad tras la aparición de terminología errónea vinculado a las personas con discapacidades mental en una publicación en el boletín oficial y señaló que no tuvo ninguna intención discriminatoria.
Spagnuolo dijo en X que hubo una grave equivocación en la resolución 187/2025, publicada el 16 de enero, que mencionaba los requisitos para la evaluación medica de invalidez para las pensiones no contributivas.
Los errores encontrados en la resolución hacían alusión al coeficiente intelectual de las personas con trastornos mentales, en donde los mencionan como "idiota", "imbécil", "débil mental profundo", "débil mental moderado", "débil mental leve" y "fronterizos".
El funcionario aclaró que utilizaron vocabulario obsoleto y la normativa será modificada siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales.
Fue determinado por un estudio realizado por investigadores en Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
A 30 años del atentado a la AMIA, la Casación Federal publicó una compilación sobre “la libertad de expresión y la garantía de no discriminación”.
El entendimiento fue firmado por el secretario general de la entidad gremial, Armando Cavalieri, y representantes de las tres cámaras empresariales.
