La CGT se pone en marcha para defender las obras sociales y vuelve la tensión con el Gobierno

La decisión del Gobierno de avanzar con la desregulación de la derivación de aportes a las prepagas puso en estado de alerta a la CGT que reunirá a su mesa chica el próximo jueves para evaluar la situación y delinear los trazos de un plan de acción.

El malestar entre los sindicalistas comenzó con la puesta en marcha de una medida que había sino anunciada por el Gobierno en varias oportunidades. Finalmente, esta semana el Ministerio de Salud eliminó la intermediación que los sindicatos tienen con las prepagas y le quitó fondos que eran claves para las obras sociales.

La CGT tenía previsto reunir el primer lunes de febrero a su mesa chica, pero la novedad provocó un cambio de planes. Los dirigentes postergaron la reunión para el jueves para poder recabar datos y llevar planteos concretos para definir una toma de posición ante lo que algunos entienden como una medida que busca desfinanciar a los gremios y debilitar el musculo sindical.

Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, el hombre detrás de la medida que afecta a los gremios

En la ante sala de la reunión aparecen por los menos dos variantes, la primera recurrir a la Justicia y la segunda activar los resortes para llevar a cabo una negociación que deje sin efecto el anuncio del Gobierno.

Por fuera de la CGT, desde ATE, el gremio de empleados estatales que abreva en la CTA, también marcaron sus diferencias con la medida tomada por el Gobierno. En ese marco, desde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) su secretario general Rodolfo Aguiar consideró que la medida “es la sentencia de muerte de las obras sociales sindicales porque está claro que su desfinanciamiento será total y acelerado”.

En la actualidad, el empleador deriva los aportes al fisco, el cual después llega al esquema establecido por las organizaciones gremiales, los cuales suelen contar con contratos y convenios con las empresas prepagas que reciben los fondos. En esa triangulación, las obras sociales retienen un porcentaje que va del 3% al 10%, un sistema que abarca a más de 1.350.000 afiliados.

La interna de la CGT se mete en la desregulación

Pero en el mundo sindical no todo es blanco o negro. Los gremios más afectados por la decisión del Gobierno son los más pequeños. Algo que no molesta tanto a los “Gordos”, los grandes gremios de servicios”. En ese marco la falta de beligerancia en una respuesta inmediata tiene más que ver con una disputa interna que la relación que entabló la CGT con el Gobierno de Javier Milei.

“Hay obras sociales que solo viven de la derivación de aportes porque pertenecen a gremios muy pequeños, no dan prestaciones, son sellos de goma. No vemos mal que haya una unificación de algunas obras sociales”, confesó ante El Observador un experimentado dirigente al tanto del pulso sindical.

En ese marco, los dirigentes de peso de la CGT no ven con tanto desagrado la medida del Gobierno, pero en ese marco comienza a aparecer la idead de acercar posiciones para evitar el desfinanciamiento de los gremios de más volumen.