Diego Spagnuolo dejó su cargo como director de la ANDIS luego de la difusión de los audios.
La remoción de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad se produce tras la difusión de audios que lo vinculan a un supuesto esquema de coimas.
La salida de Diego Spagnuolo como director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se produjo luego de la difusión de audios que lo vinculan con un supuesto esquema de cobro de coimas. En las grabaciones, se escucha a Spagnuolo mencionar prácticas de recaudación ilegal relacionadas con empresas proveedoras de medicamentos y otros servicios asociados a la discapacidad.
Además, también salió de su cargo Daniel María Garbellini, responsable de acceso a los servicios de salud del organismo. La decisión se plasmó en el Decreto 599/2025, publicado en el Boletín Oficial, donde puso fin a las designaciones de ambos funcionarios.
En los audios, que fueron emitidos en el programa Data Clave del periodista Mauro Federico, se detalla que las empresas involucradas habrían tenido que pagar un sobreprecio para conseguir contratos con el organismo, mencionándose cifras de entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.
En un fragmento, se menciona que una empresa, Droguería Suizo Argentina, tendría un rol clave en la operación. Además, se alude a la participación de figuras cercanas al presidente Javier Milei, como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, quienes también son mencionados en las grabaciones.
La difusión de estas grabaciones causó un fuerte debate político. Desde el Gobierno, se adoptó una postura preventiva y se decidió apartar a Spagnuolo del cargo.
La Vocería Presidencial emitió un comunicado en el que explicó que la medida fue tomada debido a la "utilización política" del caso en el contexto de un año electoral, aunque no se comprometió a hacer afirmaciones definitivas sobre la veracidad de las acusaciones. En su lugar, subrayaron que la Justicia debería investigar los hechos y determinar la autenticidad de los audios y si existió o no un delito.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó la remoción de Spagnuolo y aclaró que la decisión fue tomada por el presidente Javier Milei. Sin embargo, también destacó que el caso debe ser resuelto por la Justicia, especialmente en relación con los supuestos pedidos de coimas.
En declaraciones a la prensa, Francos indicó que no podía "poner las manos en el fuego por ningún funcionario" y expresó que la veracidad de los audios debía ser determinada por los tribunales correspondientes.
El Gobierno, ante la gravedad de las acusaciones, decidió intervenir la Agencia Nacional de Discapacidad. En una primera instancia, el ministro de Salud, Mario Lugones, fue designado para tomar el control del organismo y garantizar su funcionamiento normal y correcto.
Momentos más tarde, el vocero presidencial, Manuel Adorni, compartió en X la resolución sobre quién será el interventor que gestionará la agencia durante el período de investigación. "El interventor será el Dr. Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, y actual Secretario de Gestión Sanitaria", contó y explicó que su primera misión será la de realizar una profunda auditoría en el área.
El caso causó un fuerte impacto dentro de la política argentina, tanto en el oficialismo como en la oposición. Mientras que el Gobierno defendió su decisión de actuar de manera preventiva, la oposición exigió explicaciones y pidió que se esclarezcan los hechos cuanto antes.
En particular, algunos legisladores apuntaron a Spagnuolo y a otros funcionarios mencionados en los audios, como Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, a quienes se les vincula con las supuestas maniobras ilegales.
El abogado Gregorio Dalbón, cercano al kirchnerismo, presentó una denuncia en los tribunales para que se investigue el caso. El expediente fue derivado al juez Sebastián Casanello, quien llevará adelante la investigación para determinar si las acusaciones tienen fundamento y si corresponde iniciar un proceso judicial.
Mientras tanto, la divulgación de los audios puso bajo la lupa las relaciones entre el sector privado y el ámbito estatal, especialmente en lo que respecta a la provisión de medicamentos y servicios vinculados a la discapacidad. La mención de la Droguería Suizo Argentina y su vínculo con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, sumó un capítulo a la polémica, dado el perfil político de las personas involucradas.
Gabriel Solano, legislador y candidato a diputado por el Frente de Izquierda, presentó una solicitud en los tribunales de Comodoro Py para que se impute y cite a declaración indagatoria a Javier y Karina Milei por su presunta vinculación en el escándalo de las coimas. Además, pidió que se incluyan en la investigación a Diego Spagnuolo, Eduardo “Lule” Menem y Jonathan Kovalivker, dueño de una droguería, quienes, según los audios filtrados, actuaban como intermediarios en el cobro y distribución de las coimas por la compra de medicamentos. Los audios revelan que las coimas, que rondaban entre los 500 mil y 800 mil dólares mensuales, eran distribuidas entre varios funcionarios.
Solano denunció que la magnitud de este escándalo compromete directamente a Javier Milei, quien según los audios fue informado por Spagnuolo sobre la red de corrupción y la participación de su hermana. Ante la falta de medidas más allá del despido de Spagnuolo, el legislador exigió medidas urgentes de prueba y que se investigue a fondo, resaltando que la justicia debería proceder con la misma celeridad que en otras investigaciones de menor perfil. Romina Del Plá, candidata a senadora, también se sumó a las críticas, afirmando que los audios confirman la existencia de una red de corrupción sistemática dentro del gobierno de Milei y advirtiendo sobre el grave ajuste en discapacidad implementado por el gobierno mientras se ocultan estos hechos.
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