El primer Presupuesto de Javier Milei: aprobación rápida y fisura inédita en el PJ del Senado
La administración libertaria consiguió su ley de gastos en tiempo récord, tras dos años de presupuestos reconducidos. Por primera vez desde que asumió el Presidente, senadores peronistas votaron divididos en la Cámara alta.
El Senado sancionó en la noche del viernes el Presupuesto 2026 con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, tras más de ocho horas de debate. El resultado marcó un hito político para la administración de Javier Milei: es el primer presupuesto redactado por el Gobierno libertario después de gobernar durante dos años con presupuestos reconducidos, sin la aprobación del Congreso. Pero además del triunfo legislativo, la sesión dejó una señal inédita: tres senadores peronistas votaron a favor del proyecto, desafiando por primera vez la línea trazada por Cristina Kirchner desde que Milei asumió la presidencia.
Los legisladores Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), del bloque Convicción Federal, quebraron la unanimidad histórica del justicialismo en la Cámara alta. La cordobesa Alejandra Vigo, también del PJ, se abstuvo. Fue un movimiento que no pasó desapercibido en un recinto donde el oficialismo necesitaba cada voto para sortear los artículos más polémicos del proyecto.
Aprobación sin modificaciones y con holgura
La votación en general superó las expectativas del oficialismo. Con 46 adhesiones, el Gobierno quedó a solo dos votos de alcanzar los dos tercios, una proporción que pocas veces logran los proyectos del Ejecutivo en un Senado fragmentado. La coalición que sostuvo el presupuesto incluyó a los 21 senadores de La Libertad Avanza, los 10 del radicalismo, tres del PRO y un grupo de legisladores provinciales independientes.
El desafío más delicado llegó con la votación en particular del Capítulo II, que contiene el artículo 30. Esta disposición elimina los pisos de inversión en ciencia, tecnología y educación establecidos por leyes anteriores, calculados como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). El kirchnerismo intentó bloquear su aprobación argumentando que la votación por capítulos impedía el debate por artículos y menoscababa la representación provincial. Sin embargo, el oficialismo logró 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, suficientes para convertir el texto en ley sin modificaciones.
Patricia Bullrich, senadora por la Ciudad de Buenos Aires y jefa del bloque oficialista, cerró el debate con una defensa enfática del proyecto. "El déficit cero no se negocia. El equilibrio fiscal es una regla de oro. Este presupuesto no promete lo que no se puede cumplir, no le miente a la gente", afirmó. Bullrich contrastó la gestión actual con administraciones anteriores: "Cuando asumió la gestión Milei, en diciembre de 2023, la inflación acumulada llegaba al 200% y se devoraba salarios, jubilaciones, ni hablar de los ahorros".
Los números del plan de gastos
El Presupuesto 2026 contempla gastos totales por $148 billones y un cálculo de recursos por $148,2 billones. El Gobierno prevé un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI y un superávit financiero del 0,3% una vez descontado el pago de intereses de la deuda.
Las proyecciones macroeconómicas incluyen una inflación anual del 10,1% (menos del 1% mensual en promedio), un crecimiento del producto bruto del 5% y una cotización del dólar en $1.423 para diciembre de 2026, una cifra inferior a la actual. Además, el Ejecutivo estima un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.
Estos números generaron escepticismo en sectores de la oposición. La senadora riojana Florencia López, del interbloque kirchnerista, señaló la "contradicción" entre la inflación proyectada y la de los últimos meses, que superó los dos puntos porcentuales. "Es mala fe y a propósito", afirmó López, quien además advirtió que con una inflación estimada por debajo de la real, "habrá mayor recaudación y, como no van a estar designadas esas partidas, se va a permitir la discrecionalidad".
Apoyo crítico de la oposición dialoguista
Las fuerzas opositoras que acompañaron el proyecto manifestaron su respaldo con advertencias. La neuquina Julieta Corroza, referenciada con el gobernador Rolando Figueroa, planteó: "Entendemos que hay que ordenar las cuentas, pero también que el esfuerzo de aprobar un Presupuesto es un acto de madurez democrática, pero también lo es cumplirlo".
En la misma línea, la salteña Flavia Royón destacó que el apoyo al proyecto representa "responsabilidad institucional" porque "lo que tenemos responsabilidad en nuestras provincias necesitamos reglas claras y previsibilidad". Sin embargo, aclaró: "Pero esto no significa un cheque en blanco".
Desde el radicalismo, el bonaerense Maximiliano Abad respaldó la aprobación pero criticó duramente el artículo 30. "Lo llamo 'escoba', porque barre los pisos de inversión en educación y ciencia previstos por ley. Un piso que no se alcanza sigue siendo una referencia y un rumbo a seguir", sostuvo el legislador.
El jefe del bloque del PRO, Martín Goerling Lara (Misiones), enfatizó que "apoyar y dar una nueva herramienta no significa un cheque en blanco" y advirtió: "No se puede imponer. Menos, cuando se tienen minorías parlamentarias. Vamos a marcar límites cuando haya atropellos".
El líder del interbloque kirchnerista Popular, José Mayans (Formosa), fue lapidario con el trámite legislativo. "Es vergonzoso el tratamiento exprés de la ley de leyes, es de un grado de sumisión terrible", afirmó. Mayans también cuestionó el nivel de endeudamiento autorizado por el presupuesto y la falta de especificaciones sobre plazos y tasas de interés.
La sanción del Presupuesto 2026 permite al Gobierno exhibir ante los mercados y el Fondo Monetario Internacional (FMI) una señal de gobernabilidad y previsibilidad, especialmente relevante de cara a las negociaciones por la deuda que vence en enero. Sin embargo, el oficialismo deberá enfrentar próximamente un nuevo desafío legislativo: la reforma laboral, cuyo tratamiento está previsto para febrero o marzo.
La Justicia investiga una deuda superior a los $19.000 millones en contribuciones a la seguridad social que la entidad madre del fútbol argentino habría retenido sin depositar.
La postergación del debate por los cambios en la normativa laboral le dio aire a la CGT. La central obrera redefine su estrategia y piensa en medidas para febrero.
Ampliación del proyecto de sanciones. En el marco de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará al Congreso, la Casa Rosada analiza extender el esquema de sanciones —hoy centrado en las petroleras— a la actividad pesquera vinculada a licencias británicas en Malvinas.
Un reclamo que viene del sector. La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera y el peronismo piden aplicar a la pesca el mismo criterio que se usa contra las empresas que operan en la exploración de hidrocarburos sin autorización argentina.
Una herramienta legal que ya existe. Desde 2008, el artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca exige a quienes tienen cuotas o licencias en el país declarar que no tienen vínculos con buques que pesquen sin permiso argentino en Malvinas, bajo pena de perder esos permisos.
El antecedente con las petroleras. Tras la cadena nacional del 3 de septiembre, Cancillería denunció a 60 empresas y personas vinculadas a proyectos petroleros como Sea Lion, alcanzando también a accionistas, directores y proveedores.
Presentación en Diputados. El proyecto ingresará el próximo lunes por la Cámara baja, con Presti (Defensa) y Quirno (Cancillería) como posibles expositores; el oficialismo espera que el tratamiento comience entre fines de septiembre y principios de octubre.