Política

Wado de Pedro impulsa una ley contra la privatización de AySA

Presentó dos proyectos en el Senado para proteger el control estatal de la empresa y garantizar el acceso al agua como derecho humano

El senador nacional Eduardo "Wado" de Pedro presentó dos iniciativas en el Senado para evitar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y consolidar el control estatal de la empresa.

Uno de los proyectos de ley la declara "de interés público y estratégico para el desarrollo humano", en los términos del artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, y la excluye expresamente de cualquier proceso de privatización, concesión, cesión de capital o de gestión.

La iniciativa ratifica que el 90 por ciento de las acciones permanecerá en manos del Estado nacional y el 10% en manos de los trabajadores. Además, establece que cualquier intento de modificar su objeto, desprenderse de activos esenciales o alterar su paquete accionario requerirá la aprobación del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios. También propone derogar los decretos 493 y 494/25, que habilitaron la venta de la compañía.

De forma complementaria, el senador presentó un proyecto de declaración que expresa "la profunda preocupación y el más enérgico repudio" ante los decretos presidenciales, advirtiendo que "constituyen un retroceso en la protección del derecho humano esencial de acceso al agua potable segura y al saneamiento cloacal". El texto rechaza tanto la privatización como la posibilidad de interrumpir el servicio por falta de pago.

Ambas propuestas tienen el respaldo de once senadores del bloque Unión por la Patria.

Los fundamentos para las iniciativas

"El agua es un recurso natural escaso y estratégico, y es un derecho humano del cual dependen la vida, la salud y el desarrollo de nuestro pueblo", afirmó De Pedro.

Además, remarcó que “AySA no es sólo una empresa: es salud pública y desarrollo para millones de familias”, y recordó que "la Argentina asumió compromisos internacionales que la obligan a garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento. Esta ley es una herramienta para cumplir con esos compromisos y para que ningún gobierno pueda volver a rifar un derecho tan básico".

Con estas dos iniciativas, el senador busca blindar a AySA frente a futuros intentos de privatización y fortalecer un modelo de gestión pública, indicaron desde su oficina de prensa, y recordaron que desde su recuperación por parte del Estado, permitió que más de 4,5 millones de personas accedieran por primera vez al agua potable y que más de 3,6 millones fueran incorporadas a la red de cloacas.

Además, destacaron que la administración estatal de la compañía permitió llevar a la compañía a alcanzar una cobertura del 85% en agua potable y del 70% en el sistema cloacal. Y a través de una inversión 20 veces mayor a la que se había realizado durante su administración mientras estaba en manos privadas, se construyeron nueve plantas depuradoras, la cantidad de cortes del servicio bajó un 57% y su duración se redujo en un 72%.

El proyecto de declaración fue acompañado por los senadores María Eugenia Duré, Mariano Recalde, Sandra Mendoza, Alicia Kirchner, María Inés Pilatti Vergara, Jesús Fernando Rejal, Oscar Parrilli y Sergio Leavy.

El proyecto de ley sumó también las firmas de Cristina López y José Emilio Neder.

El PJ y LLA volverán a alinearse para sancionar la Ley de discapacidad

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  • Dictamen de comisión. El Senado respaldó sin modificaciones el texto proveniente de Diputados, con el objetivo de convertirlo en ley -seguramente de forma unánime- en la sesión del 19 de noviembre.
  • El origen del proyecto. El mismo fue trabajado por diputados de LLA, PRO, UCR, MID y Argentina Federal. Obtuvo 237 votos afirmativos, 4 abstenciones de la izquierda y 9 negativos de cordobeses que pedían mantener la emergencia.
  • Beneficios permanentes. La iniciativa busca fijar de manera permanente las principales medidas de asistencia que regían bajo la ley de emergencia, cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre.
  • Apoyo multipartidario. El despacho obtuvo la adhesión unánime de los bloques parlamentarios; se registraron las firmas de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y fuerzas provinciales.
  • Tensión interna. Pese a los reparos del Ministerio de Economía, Patricia Bullrich intercedió a favor de la medida en las mesas políticas al remarcar el impacto social en el sector y sostener que no compromete el equilibrio fiscal.

$LIBRA: Casación revisará la decisión de dejar sin querellantes a la causa

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  • Revisión de la exclusión de querellantes. La Sala II de la Cámara de Casación, con los votos de Angela Ledesma y Alejandro Slokar y la disidencia de Guillermo Yacobucci, revisará la pérdida de la condición de querellantes de siete inversores. La decisión del juez Martínez de Giorgi se había apoyado en un dictamen del fiscal Eduardo Taiano, para quien los inversores asumieron un riesgo pero no fueron estafados.
  • Cómo perdieron esa condición. Dos de ellos, Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, habían sido rechazados como querellantes, algo confirmado por la Cámara Federal. Los demás (Marchetto, Vega, Paris, Quintero y Romeo) la perdieron tras una excepción de falta de acción planteada por la defensa del broker Mauricio Novelli.
  • El sobreseimiento de los Milei. Taiano consideró que no hubo delito en la caída del token, que fue una inversión volátil y que los inversores fueron víctimas del mercado. Sobre esa base sobreseyó al Presidente y a su hermana Karina, además de Novelli, Hayden Davis y otros involucrados.
  • La oposición de la PIA. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas se opuso al sobreseimiento ante el Juzgado 8, que subroga Daniel Rafecas hasta el viernes. Sostuvo que faltan pruebas por producir, que los peritajes de trazabilidad de fondos no pudieron completarse por falta de herramientas informáticas y que el token fue presentado de forma engañosa, usando la imagen del Presidente para generar confianza.

El Gobierno activa una maratón legislativa a contrarreloj para aprobar reformas clave y el Presupuesto

Eduardo Vischi y Patricia Bullrich.
Foto: Juan Carlos Cardenas/Comunicación Senado
  • Agenda cargada y prórroga a la vista. Ante el inminente fin de las sesiones ordinarias el 30 de noviembre, el Poder Ejecutivo planea convocar a extraordinarias para tratar temas urgentes como el Presupuesto 2027, la ley de discapacidad, la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
  • Tensiones y trabas por el Presupuesto. El proyecto se complicó en Diputados por una nueva exigencia del PRO y la UCR para bajar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), sumado al malestar de intendentes y gobernadores del interior por el reparto de subsidios al transporte respecto al AMBA.
  • Foco inmediato en el Senado. La Cámara alta buscará dictaminar este miércoles el proyecto de discapacidad para votarlo el 19 de noviembre, mientras permanecen trabadas iniciativas como la reforma política o aquella sobre la propiedad privada (que repone la Ley de Tierras).
  • Presión de los bloques aliados. La oposición dialoguista condiciona las negociaciones parlamentarias al avance de proyectos propios, entre ellos el régimen RIIR (UCR), la penalización del vandalismo rural (PRO), la regulación del mercado de carbono (Royón) y la reforma de la Ley de Cabotaje (gobernadores).